La UE denuncia una estrategia múltiple del Gobierno de Netanyahu para asfixiar a los palestinos de Jerusalén

El Gobierno de Benjamín Netanyahu está ejecutando una estrategia múltiple para "cercar a Jerusalén Este" y asfixiar a su población palestina. El objetivo es resolver por las bravas a su favor el Estatuto de la Ciudad Santa, en lugar de fiarlo a la última fase del proceso de paz, como ambas partes pactaron en la ciudad de Oslo. Así lo denuncia un documento secreto de los embajadores en Tel Aviv de la Unión Europea (UE), al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El Jerusalem Watch Report ha permanecido secreto hasta hoy desde su elaboración por los embajadores y los cónsules en Jerusalén, el 28 de enero. La diplomacia alemana en Bruselas veta su publicación, pues por su mala conciencia histórica trata de medir mucho las denuncias al Gobierno de Benjamín Netanyahu.El texto pasa revista aséptica en 10 densas páginas a los sucesos del último trimestre de 1997, pero afirma que la política de asentamientos y una amplia panoplia de otras medidas "revela el propósito de cercar a Jerusalén Este", y concluye que esta "actuación unilateral de Israel para modificar el estatuto" de la Ciudad Santa para "reforzar su soberanía" sobre ella "es inaceptable". Éstas son las acusaciones:

Asentamientos. La política de nuevos asentamientos dentro de Jerusalén y en sus alrededores pretende "cercar" a la población palestina. Es así por el carácter circular y en cuña de los nuevos poblamientos: Har Homa (trabajos de infraestructura acabados); ocupaciones de casas en Ras Al-Amud (70 viviendas) y en Silwan; proyecto del grupo Aterot Cohenim en el centro de la ciudad antigua (18 edificios), y, sobre todo, el plan del área E-1, que abarca 3.500 hectáreas. En algunos casos se ocupan parcelas abandonadas, en otros se actúa por compra.

Retirada de documentos de identidad incluso "a nacionales de la UE", lo que viola los derechos humanos y perjudica el trabajo de los consulados. Boicoteo a 8.000 reunificaciones familiares. El Ministerio del Interior las atribuye a "falta de personal". Pero "oculta", recuerdan los Quince, "que en el mismo periodo ha tramitado 236.268 solicitudes de ciudadanía" presentadas por israelíes para familiares en el extranjero.

Presiones de los ministerios. El de Justicia trata de "controlar el trabajo de todos los abogados y auditores" de la ciudad y "los fondos de los palestinos ausentes". El de Industria controla la compañía eléctrica y prevé diseminar sedes propias en el sector Este. El de Hacienda realiza "inspecciones por sorpresa" sobre el cómputo del Impuesto sobre el Valor Añadido. El de Educación ha incrementado el número de inspectores y sus tareas de control.

Prohibición del censo. La Autoridad Palestina empezó el censo de sus ciudadanos, incluidos los de Jerusalén, el 10 de diciembre. Ese mismo día, la Knesset lo prohibió por ley. Pero siguió la recogida de datos, abandonada enseguida -el 16 de diciembre-, entre otras cosas por el miedo de los habitantes a facilitarlos, dada la amenaza de retirada de documentos.

Discriminaciones económicas. Entre otras, la fiscal. La tasa municipal llamada arnona es igual en el sector Este que en el Oeste, "pese a que los resultados [empresariales] son inferiores". La policía israelí persigue, a los comerciantes que se rebelan contra el pago.

Contra la Universidad. "El Tribunal Supremo israelí" exige explicaciones al Gobierno de por qué "ha fracasado su actuación contra la Universidad Al-Quds, pese a que ésta no dispone de los permisos oficiales para operar en Jerusalén".

Restricciones religiosas. El acuerdo de noviembre entre Tel Aviv y el Vaticano obliga a éste a aplicar la ley israelí (salvo para cuestiones internas de la Iglesia), "incluida" la normativa sobre Jerusalén. A "miles" de católicos y cristianos ortodoxos se les. impidió el acceso a la Ciudad Santa por Navidad, "lo que no contribuye a la seguridad" de la misma, denunció el patriarca Diodoros. Provocaciones como la de dos extremistas, Avigdor Eskin y Haim Pakovitch, que planearon lanzar una cabeza de cerdo en el patio de la mezquita Al-Aqsa durante el Ramadán".

Demoliciones y expulsiones. Militares israelíes demolieron en octubre una escuela y viviendas beduinas cerca del asentamiento de Ma'ale Adumin (área E-1). El Supremo ordenó el regreso de los expulsados, pero todo indica que sus parcelas serán "reclasificadas como terreno estatal" y se "expulsará" a todos los vecinos no judíos. Demolición de tiendas palestinas e instalaciones de agua en Khan Al-Akhmar para limpiar el valle del río Jordán y crear en él nuevas zonas militares.