Fomento califica de "improcedente y poco riguroso" el auto judicial

El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, dijo ayer en el Congreso que "en la medida en que la suspensión cautelar se refiera a algunas cuestiones de defectos de forma que afecten al Ministerio de Fomento, será éste el que hará las precisiones que le correspondan" y que "en el resto de los asuntos, este Gobierno no comenta decisiones judiciales".

Horas más tarde, el ministerio señalado por Cascos difundía un comunicado en el que aseguraba que el auto no había sido notificado "al Estado". Lo cual no era óbice para que el departamento de Rafael Arias-Salgado afirmara que se había cumplido con los requisitos legales y que "fundamentar en la rapidez de la actuación administrativa su posible inadecuación a derecho, se juzga improcedente y poco riguroso".

Fomento también entiende muy difícil fundamentar "que la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional pueda suspender la eficacia de un contrato de compra-venta entre particulares, sujeto, en cuanto a su impugnación, a la jurisdicción civil y no a la contencioso-administrativa".

El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, comentó por su parte la decisión de la Audiencia Nacional como una confirmación de que la venta de Antena 3 a Telefónica "no se atenía a la legalidad" y que ahora "lo que es de esperar es que tenga efecto, no sea que vendedores y compradores se comporten como si nada hubiera pasado El ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, dijo que "en este asunto de las televisiones hemos visto que todos los días el Gobierno transgredía la legalidad".

"Tufillo prevaricador"

Por Izquierda Unida, el diputado Felipe Alcaraz se mostró satisfecho con el auto al considerar que en la operación se detectan "una prisa tremenda" y una elección de "atajos jurídicos y de chapuzas jurídicas" por parte del Gobierno para constituir un duopolio mediático con "cierto tufillo prevaricador".El portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, calificó el auto de "insólito" y, desde el punto de vista administrativo "complejo". Lo que es evidente, añadió, es que a juicio de la Audiencia Nacional el Ministerio de Fomento actuó con "precipitación" y por ello sanciona "con una cierta dureza", porque, aunque se trate de una suspensión cautelar, tiene unas consecuencias directas en la gestión de Antena 3.

Una portavoz del Grupo Zeta, propiedad de Antonio Asensio, quien vendió a Telefónica su participación en Antena 3, afirmó "que no hay ninguna reacción oficial [a la decisión judicial] porque no somos parte interesada".