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La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la venta del 25% de Antena 3 a Telefónica

El Gobierno autorizó la operación sin haber verificado el cumplimiento de la ley

Un tribunal de la Audiencia Nacional suspendió ayer, con carácter cautelar, la autorización dada por el Ministerio de Fomento para la venta del 25% de Antena 3 al grupo Telefónica, el 24 de julio pasado, a partir de la cual se han trenzado pactos respecto a los cuales se abre ahora un interrogante. La suspensión, "lógicamente, conlleva también la de la transmisión misma de las acciones", señala el auto judicial. Se trata de la segunda gran operación de medios auspiciada por el Gobierno que se ve condicionada por un serio problema, tras el enfrentamiento con la Comisión Europea a cuento de la ley digital.

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La falta de comprobación de que se cumplían los requisitos legales es el motivo por el que el tribunal suspende la operación, sin pronunciarse aún sobre el fondo del asunto. Con ello, la sala acepta una petición planteada por el Grupo PRISA en el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de Fomento. Dicho grupo periodístico trató de personarse en el expediente, lo cual le fue denegado por Fomento en su día.Antena 3, que no difundió comunicado alguno y cuyo portavoz ni siquiera respondió a las llamadas de EL PAÍS, enfatizó en su informativo nocturno que la ponente del auto judicial, Margarita Robles, había desempeñado un alto cargo en el Gobierno socialista. La misma circunstancia fue resaltada por la portavoz de telecomunicaciones del Partido Popular, Ana Mato. Según el auto dictado ayer, Fomento autorizó, el 24 de julio de 1997, la compra por Telefónica Multimedia -propiedad al 100% de Telefónica de España- de dos participaciones representativas del 24,389% y del 0, 611%, respectivamente, del capital de Antena 3, tras una autorización solicitada ese mismo día con una nota redactada "de forma muy sucinta, sin acompañar documentación de género alguno".

El mismo 24 de julio, Fomento dio su permiso "sin realizar, tal y como consta en el expediente administrativo, actividad de género alguno tendente a acreditar el cumplimiento en dicha operación de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 19 de la ley 10/88", explica el auto. La primera de esas disposiciones se refiere a la prohibición de tenencia de acciones de más de una televisión privada; y la segunda, a la prohibición de poseer, directa o indirectamente, más del 25% del capital de una de ellas. Dos entidades financieras [el BBV y Cajamadrid], que ya eran accionistas de Sogecable, habían pasado a ser titulares indirectos también de Antena 3, dada su condición de accionistas de Telefónica.

El auto señala igualmente la "inusual rapidez" con que se concedió el permiso, "pese a noapreciarse ningún tipo de urgencia" y sin que la Administración hubiera hecho verificación alguna "por mínima que fuera".

La sala precisa que el auto "comporta la suspensión de la autorización concedida por el Ministerio de Fomento a Telefónica Multimedia, SA, para adquirir las acciones de Antena 3 TV, suspensión que lógicamente conlleva también la de la transmisión misma de las acciones, ya que ésta no hubiera podido efectuarse sin la autorización a cuya suspensión se procede en la presente resolución".

Este auto de la sección octava de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha tenido como ponente a Margarita Robles, y ha sido apoyado por José Alberto Fernández Rodera. Otro magistrado de la misma sala, José Luis Sánchez Díaz, ha emitido un voto particular en el que dice que PRISA no ha concretado los posibles perjuicios que puede provocar la compra de Antena 3 por Telefónica y tampoco se señala el alcance para las partes. Añade que la acreditación de esos perjuicios es importante, cuando "la suspensión no se limita al acto impugnado, sino que se extiende además a todas las actuaciones ulteriores derivadas del mismo".

Telefónica: "Tranquilidad"

Telefónica, que se hizo acompañar del Banco Santander y del BCH en la entrada en Antena 3, ha llegado a acuerdos posteriores con el grupo Recoletos -controlado por el británico Pearson- para introducir nuevos cambios en la empresa televisiva.Telefónica dijo anoche que "espera con tranquilidad" el auto de la Audiencia -aseguró que no le había sido notificado- y anunció que mantendrá "todos los compromisos adquiridos",además de pronosticar que dicho auto "en ningún caso tendrá efectos sobre la legítima transmisión de acciones realizada el pasado verano. El auto tan sólo podrá entrar en los procedimientos administrativos seguidos por instancias ajenas a Telefónica". Recoletos no hizo comentarios.

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