Por una nueva cocina de las finanzas públicas

Decía Séneca que "ningún viento es favorable para quien no conoce el puerto al que quiere arribar". Sin duda alguna, España atraviesa actualmente por una coyuntura económica propicia, pero la política económica adolece de una pasmosa falta de orientación estratégica para resolver los problemas prioritarios que tiene planteados el país, que hace que se esté despilfarrando buena parte del potencial que alberga esta situación.El gobernador del Banco de España, supongo que consciente de que una política económica sin proyecto es como sembrar sin haber arado el campo, ha tratado de encaminar este extravío llamando la atención sobre la necesidad de reformar el gasto público para invertir más en infraestructuras y educación, precisamente, dos de las áreas sobre las que han recaído los ajustes más intensos en la política de recortes de gastos llevado a cabo por el Gobierno actual.

La orientación de las finanzas públicas hacia la resolución del problema del desempleo es uno de los debates fundamentales pendientes, por lo que sería conveniente que, tras el apercibimiento del gobernador, reflexionásemos todos acerca de los instrumentos de que dispone o puede disponer el sector público para alcanzar dicho objetivo.

En este propósito habría que destacar en primer lugar que la política practicada hasta ahora, más que acercarnos a la resolución del problema, nos aleja. Y es que se han confundido las metas con los objetivos estratégicos. Las medidas adoptadas por el Gobierno en el campo de las finanzas públicas se han limitado a ajustar los gastos reales mediante la reducción, entre otros epígrafes, de las inversiones públicas, y a reformar la fiscalidad de las rentas del capital hasta casi desfiscalizarlas. Con ello, y a pesar de ello, se ha conseguido una loable reducción del déficit público, pero mediante una táctica que cabría catalogar como de las que te llevan de victoria en victoria hasta la derrota final.

El objetivo de una mayor creación de empleo requiere una profunda reforma estructural de las finanzas públicas, en gastos y en ingresos. Con la estructura impositiva actual, las rentas del trabajo aportan la mayor parte (80%) de la base liquidable del IRPF, mientras que las rentas de los empresarios y de los profesionales tan sólo representan el 8,62% y el 3,39%, respectivamente. Por su parte, las rentas del capital, que en los últimos años han reducido su participación en la base del impuesto, significan el 6,3%.

Estas participaciones relativas, aunque no son completamente comparables, resultan, sin embargo, muy disímiles de las que se observan en la distribución funcional de la renta -50% rentas del capital y 50% remuneraciones de los asalariados-. Estos datos muestran que la progresividad fiscal es menor de la que teóricamente se pudiera suponer. Cuestión ésta, que se ve reforzada por el sistema de exenciones y su utilización efectiva, que favorece a las rentas más altas, que, además, son las que tienen más posibilidades de evadir impuestos.

Desde la perspectiva de los ingresos tributarios, por tanto, el principal problema no reside, tal como interpreta el Gobierno, en la elevada presión fiscal -estamos todavía bastante por debajo de los niveles que registran una buena parte de los países europeos-, ni en su acentuada progresividad, sino en la concentración de la presión fiscal en el colectivo de las rentas del trabajo y más específicamente en las clases medias.

Esta estructura impositiva y la composición actual del gasto público producen un proceso redistributivo muy importante al interior de las clases medias, que, si bien tiene indudables efectos personales, provoca efectos colectivos muy limitados. Para lograr una mayor repercusión macroeconómica de las finanzas públicas, el proceso redistributivo debe producirse más intensamente desde las rentas más elevadas hacia las más bajas. En un proceso de este tipo, los efectos multiplicadores son muy superiores -dada la disparidad de las propensiones al consumo- a los que se generan cuando las clases medias son el origen y destino fundamental de los ingresos y gastos del Estado.

De acuerdo con esto, las medidas más convenientes no serían reducir la presión fiscal y estrechar el abanico de progresividad existente, como pretende el Gobierno, sino mantenerla presión y redistribuir la carga tributaría más equitativamente, en función de los ingresos reales de los diferentes colectivos, logrando una progresividad real que, hoy por hoy, tiene mucho de aparente.

Respecto al gasto público debe respaldarse la propuesta del gobernador del Banco de España de dar prioridad a los programas de inversiones en infraestructuras y educación que permitan mejorar la competitividad de las empresas y la calidad de vida de la población.

El énfasis en estos epígrafes sobre otro tipo de gastos públicos responde a dos razones fundamentalmente. Una primera es que las inversiones tienen unos efectos multiplicadores mayores que los gastos corrientes o los gastos de transferencias. Las políticas que ponen el énfasis en la expansión del consumo, además de ser más inflacionistas, generan unos menores efectos multiplicadores como consecuencia de la mayor apertura al exterior, que hace que una parte de la demanda tienda a satisfacerse allende las fronteras.

La segunda razón que avala el escorar los gastos públicos hacia las inversiones en infraestructuras y educación se sustenta en que estas inversiones tienden a mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas, cuestión ésta que resulta central en un mundo cada vez más interrelacionado y competitivo. Ello es más necesario aún en una economía como la española, que mantiene un desfase evidente de capital físico, tecnológico y humano respecto a los países de nuestro entorno. Además, de esa manera se afronta uno de los principales problemas estructurales de nuestra economía, como es la tendencia a generar déficit por cuenta corriente creciente a medida que se acelera el crecimiento.

Los programas de inversión deben de ser lo suficientemente ambiciosos para lograr reestructurar y reorganizar la economía permanentemente, de forma que se pueda dar respuesta a los retos planteados por las amplias y profundas transformaciones que se están desplegando en todos los órdenes.

Este objetivo estructural se vería reforzado por el impacto que generaría directamente en el empleo una nueva orientación de los ingresos y de los gastos públicos, pues, aunque la evidencia empírica disponible sólo permita presentarlo como postulado, albergo la convicción de que la pérdida de capacidad anticíclica de la política fiscal no deriva tanto de la obsolescencia absoluta de las ideas keynesianas como de la inadecuada composición actual de los ingresos y los gastos del Estado.

Sería necesaria una nueva cocina de las finanzas públicas en la que sugerimos la receta siguiente: combínese un mantenimiento de la presión fiscal global con una mayor progresividad real, agréguese un proceso redistributivo más intenso entre las rentas más dispares, espolvoréese la economía con un mayor gasto público en inversiones destinadas a ampliar el equipamiento de infraestructuras y mejorar la educación, déjese gratinar, y obtendremos más empleo