PP, CiU y CC proponen criminalizar la objeción "de conveniencia"

Los jóvenes que se declaren objetores para librarse de la mili, los llamados objetores de conveniencia, serán castigados con la pena de inhabilitación especial para ocupar empleos o cargos públicos por tiempo de cuatro a seis años, si prospera en sus actuales términos la proposición de ley sobre insumisión presentada por el Grupo Popular, Convergéncia i Unió (CiU) y Coalición Canaria que hoy debate el pleno del Congreso.

El texto presentado por el partido del Gobierno y por sus socios nacionalistas catalanes y canarios suprime la condena de prisión para quienes se nieguen a cumplir la mili, que hasta ahora podían ser castigados con seis meses a dos años de cárcel, y rebaja sustancialmente las penas de inhabilitación para los que se opongan a realizar tanto el servicio militar como la prestación social sustitutoria (PSS), que actualmente pueden llegar hasta 14 años y en adelante tendrán un límite de seis.Sin embargo, el proyecto no se limita a suavizar los castigos a los insumisos, sino que introduce un nuevo tipo delictivo. En adelante, tendrá la condición de insumiso "el objetor reconocido que haya alegado falsamente motivos de conciencia para quedar exento del cumplimiento del servicio militar obligatorio".

Expertos jurídicos consulta dos por EL PAÍS consideran "un disparate" esta redacción, que convierte en delincuentes a los jóvenes que se hagan objetores para eludir la mili, incluso si no se niegan a cumplir la PSS. Además, y lo que es más importante, sólo se puede comprobar si alguien ha alegado "falsamente" razones de con ciencia investigando sus motivaciones ideológicas, Io que resulta imposible, salvo en un proceso inquisitorial.

Fuentes del Grupo Catalán indicaron que el proyecto se limita a reproducir la actual tipificación del delito insumisión, rebajando las penas, pero eso no es exactamente así.

Es cierto que el artículo 528 del Código Penal señala que, "cuando hubiere constancia de que la objeción de conciencia se ha alegado falsamente, las conductas descritas en el artículo anterior [el que tipifica la negativa a cumplir la PSS] se castigarán con las penas del artículo 604 [el referido a la insumisión a la mili] en su mitad superior".

La diferencia entre el proyecto del PP, CiU y CC y el artículo 528 del Código Penal vigente radica en que el segundo define una circunstancia agravante para el delito de insumisión, mientras que el primero tipifica un nuevo delito.

En otras palabras, el código actual permite castigar con la pena máxima al joven que, negándose. a cumplir la PSS, se demuestra que alegó falsamente la condición de objetor; mientras que, el nuevo texto castiga a quien alegue "falsamente" motivos de conciencia, aunque no se declare insumiso.

El artículo 528, del que no hay noticia de que se haya aplicado nunca, define una circunstancia agravante para el delito de insumisión que sólo es posible apreciar en el curso de un proceso, en el que podría que dar "constancia" de que se mintió al declararse objetor.

Esta agravante, según las mismas fuentes, se justificaba por el hecho de que se habría cometido un delito de falsedad de documento público en eI escrito de solicitud presentado ante el Consejo Nacional de Conciencia.

El cambio cualitatlvo está en que, hasta ahora, al tratarse de una circunstancia agravante y no un delito específico nadie podía ser denunciado por alegar "falsamente" motivos de conciencia y, en consecuencia, ningún juez podía investigar las razones que llevaron al joven a declararse objetor; al contrario de lo que sucederá si prospera el texto del PP, CiU y CC.

Las ya citadas fuentes de CiU indicaron que la intención de su grupo es ampliar el ámbito del delito de insumisión sino rebajar las penas, por lo que está abierto a modificar el texto una vez que hoy se apruebe su toma en consideración.

El pleno del Congreso no sólo votará esta tarde la admisión o trámite de la propuesta del PP, CiU y CC, sino también otra del Grupo Socialista. Al igual que el texto del Gobierno, la iniciativa del PSOE pretende suprimir las penas de cárcel para los insumisos y rebajar a, seis años la inhabilitación.

Pero los socialistas quieren, además, que las sanciones para la insumisión salgan del Código Penal y se regulen a través de las leyes de Objeción de Conciencia y del Servicio Militar. En consecuencia, proponen que la negativa a cumplir el servicio militar o la PSS deje de ser un delito y se convierta en una mera falta administrativa, mientras que el PP y sus aliados desean mantener esta conducta en el Código Penal.

El castigo es en ambos casos el mismo: hasta seis años de inhabilitación como máximo