Cuentas dudosas
LAS CUENTAS públicas de la Diputación de Guadalajara se han sumado a la ya larga cadena de contabilidades dudosas y presuntas irregularidades que ensucian la vida política española, casi siempre en el ámbito regional. La fiscalía de Guadalajara ha destapado la supuesta ocultación de un déficit de 3.500 millones de pesetas en los presupuestos de la Diputación de la provincia mediante la contabilización de derechos de cobro inexistentes entre los años 1991 y 1996. En esta ocultación estarían implicados el presidente de la Diputación y senador del PP, Francisco Tomey, y, como cómplice pasivo necesario, el interventor José Villalgordo, que falleció el sábado a causa de un cáncer que padecía. Se da la circunstancia además de que la Federación de Municipios y Provincias concedió el contrato de aseguramiento a la empresa Proases, en la que participaban dos hermanos y la esposa de Tomey, cuando éste era vicepresidente de la federación.Por supuesto, hay que pedir a la fiscalía del Supremo, a la que se han remitido las diligencias abiertas por la fiscalía de Guadalajara, que determine sin lugar a dudas si existe delito en la tramitación de tales cuentas y, si lo hubiere, que se exijan las responsabilidades oportunas. Pero resulta llamativo en este caso que durante cinco años se puedan tergiversar los presupuestos de una Diputación sin que nadie caiga en la cuenta de la manipulación o actúe para acabar con ella, a pesar de las denuncias sobre el particular que había repetido el portavoz de la oposición. Es indiscutible ya que los presupuestos locales y provinciales -como los de muchas instituciones públicas-, se elaboran con muy poco rigor y los controles para verificar su estricta limpieza y corrección son insuficientes. Además, aunque en este caso el papel del interventor haya sido como mínimo equívoco, resulta que el trabajo de los interventores en las grandes instituciones públicas suele ser muy superior al que realmente pueden desempeñar con garantías de total eficacia.
El PP debería ser el primer interesado en aclarar estas supuestas irregularidades. Pero la actuación de este partido en el caso del escándalo del tráfico de influencias -y de maletines- en la Diputación de Zamora hace temer lo peor. Si el Partido Popular, como en aquel caso, se limita a autoexculparse a sí mismo mediante una comisión de investigación interna -u otro subterfugio similar-, o simplemente a negar, como viene haciendo sistemáticamente y en contra de todas las evidencias, los casos de irregularidades que le afectan, no será posible atajar la corrupción política ni serán creíbles sus protestas de inocencia o sus oportunistas acusaciones a otros partidos.
