Supermedicamentazo

EL GOBIERNO ha consumado su medicamentazo: 869 fármacos han sido excluidos de la financiación pública, lo que equivale a un 3,7% de la factura farmacéutica del Estado. Los ciudadanos que los adquirían mediante recetas de la Seguridad Social -con una subvención del 60% para los activos y el cien por cien para los jubilados- tendrán que pagarlos ahora íntegramente de su bolsillo. El objetivo oficial de tal exclusión es ahorrar 33.500 millones en farmacia para destinarlos a terapias o actividades clínicas más graves. La medida se suma a la que ya adoptó en 1993 el Gobierno socialista, que retiró 740 fármacos con el virulento rechazo del PP. A diferencia del medicamentazo anterior, la lista aprobada ahora excluye grupos terapéuticos totales, para que los médicos no deslicen sus prescripciones hacia fármacos más caros. Por tanto, algunas dolencias -catarros, varices, diarreas, hemorroides- han sido borradas de un plumazo de la cobertura pública.La retirada de medicamentos de la financiación del Estado no debería ser una medida irracional. Es sabido que en España existe un exceso de productos farmacéuticos, no pocos de escasa eficacia, y que hay una tendencia a un consumo injustificado. Son razones suficientes para defender una reforma racional de las listas de medicinas que financia el erario público. Sin embargo, el medicamentazo que anunció el miércoles el Gobierno ha provocado una inquietud social evidente.

En primer lugar, por la falta de transparencia sobre los criterios de exclusión y el secretismo con que se ha elaborado la relación final. Esta opacidad en todo el proceso ha contribuido, entre otras cosas, a que se haya manejado la hipótesis -desmentida por el ministro de Sanidad- de que algunos productos de los laboratorios catalanes se han librado de la exclusión por supuestas presiones de los socios parlamentarios del Gobierno. Sanidad ha alimentado la confusión de los ciudadanos con explicaciones contradictorias y con una presentación pública inoportuna del plan, a medio camino entre la impertinencia y la torpeza. Por lo demás, no parece muy oportuno que los ciudadanos hayan conocido la relación de fármacos que deberán pagar de su bolsillo un día después de enterarse de que el Gobierno ha decidido, de tapadillo, subir el salario de los secretarios de Estado en un 30%.

El criterio terapéutico de este medicamentazo es muy endeble, incluso contradictorio. Es explicable el estupor de los ciudadanos, la irritación de las organizaciones de consumidores, la hostilidad de los partidos políticos y el escepticismo de la propia patronal farmacéutica. Aunque el catarro o las varices sean trastornos menores, según diagnóstico de los políticos de Sanidad para justificar su plan, es difícil defender tal afirmación cuando el catarro ataca a una persona de edad avanzada. En contra de la presunción de la medicina más avanzada de que no hay enfermedades, sino enfermos, el Gobierno establece artificiosas distinciones entre síndromes mayores y menores.

La exclusión resulta especialmente dolorosa para los jubilados, el grupo más débil de la población en este caso, que aprecian en la receta algo más que su valor terapéutico. La presentación pública que hizo el subsecretario de Sanidad de los medicamentos excluidos resultó particularmente ofensiva vista desde la tercera edad. Sus consejos de hacer vida sana, ejercicio, beber agua o pasear como sustitutos de las medicinas suprimidas forman parte de un talante que considera a los ciudadanos como seres que se conforman con cualquier cosa y a los que no hay que dar explicaciones.

Los argumentos económicos son tan endebles como los farmacéuticos. Si el medicamentazo anterior no consiguió el ahorro previsto, debido al desplazamiento de las recetas hacia medicinas más caras, es muy dudoso que este recorte pueda conseguir algo más que una cierta moderación en el gasto, a pesar de la precaución de retirar enfermedades y no productos. Este pronóstico, defendido por la industria farmacéutica, viene avalado por otra contradicción: si, como admite Sanidad, las enfermedades crónicas quedan exentas del pago íntegro, el margen para ahorrar baja considerablemente. Con el agravante de que los productos excluidos quedan en precio libre y se encarecerán un 30% en los próximos tres años.

El medicamentazo del Partido Popular podía haber constituido un avance importante en la racionalización de la inflada farmacopea española. Pero, tal como se ha realizado y se ha presentado a la opinión pública, sólo parece un recorte arbitrario del Estado del bienestar: ni ahorrará gastos ni educará a los ciudadanos en un consumo farmacéutico responsable. Sólo es útil como premonición de lo que le espera a la sanidad pública con este Gobierno.