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Un alcalde denuncia a una juez por reclamar datos de dos vecinos

Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas (Toledo), ha remitido a Javier Delgado Barrio, presiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una denuncia contra una juez de Ocaña (Toledo): María de la Paloma Alvarez Ambrosio. El alcalde se queja de que la juez le ha requerido reiteradamente informes sobre "el modo de vivir" de dos convecinos investigados por la juez por sendos delitos de atentado contra la autoridad y contrabando. La denuncia ha sido enviada al Servicio de Inspección del CGPJ.

Jiménez estima que las repetidas órdenes de la juez, que incluso le ha advertido de que podría cometer delito de desobediencia por no facilitar los datos solicitados, constituyen "un exceso del poder que le ha sido conferido por la Constitución española y la ley". Por ello, pide al CGPJ que considere "si la actuación de la señora juez instructora puede haber incurrido en alguna de las infracciones que dan lugar a responsabilidad disciplinaria".

Exceso de autoridad

El alcalde de Noblejas asegura que las autoridades municipales sienten "un alto respeto por el poder judicial y las solicitudes de colaboración de las personas que lo encarnan", pero se niega a cumplir unas órdenes que considera excesivas y que recuerdan, dice, "aquellos informes de conducta de legislación felizmente superada". Estima que informar sobre la vida de los vecinos "puede ser gravemente atentatorio contra derechos fundamentales que la Constitución proclama".Por otra parte, Jiménez ha remitido a la juez los datos que figuran en el padrón municipal sobre las dos personas a las que se refería en su oficio y le comunica: "los informes sobre el modo de vivir de vecinos de este municipio he de decirle que no puedo en modo alguno cumplirla".

El alcalde explica a la juez: "Informar sobre el modo de vivir de los ciudadanos constituiría un exceso de la autoridad que tengo conferida y del ejercicio de mis competencias, que podría atentar contra los derechos constitucionales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de las personas afectadas".

En cuanto a las consecuencias penales que pudieran derivarse de su negativa para el regidor, según la advertencia de la propia juez, Jiménez asegura en el escrito "no sentir ningún temor, ni siquiera reverencial, ante su persona y su poder, que sólo debe estar basado en la Constitución española y el respeto a los derechos de los ciudadanos".

El alcalde termina comunicándole a la juez: "Mi compromiso con todas las personas a las que represento, por elección, me obliga a no utilizar mi cargo redactando informes sobre su modo de vivir, tal y como me exige Su Señoría".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de febrero de 1998