Un buen titular incorrecto

La necesidad que tiene el periodista, incluso el más riguroso, de llamar la atención del lector sobre lo que escribe le induce a veces a bordear los límites de la noticia. Esa actitud es ilustrada en el seno de la profesión con dichos tan ingeniosos como el que afirma que nunca hay que dejar que la realidad estropee un buen reportaje. Que podría desdoblarse en otro que dijera que no hay que permitir que una información impida un buen titular. ¿Sucedió algo de esto en la redacción del titular que dio cuenta, en la primera página de EL PAÍS del 12 de enero, de la importante noticia del descubrimiento de un fraude en la venta de gasolina en la Comunidad de Madrid? El titular de la noticia que mereció la portada del periódico decía así: Tres de cada 10 gasolineras de la Comunidad de Madrid engañan a sus clientes, según un estudio de la OCU. Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, manifiesta que ese titular tiene "un contenido claramente engañoso", de acuerdo con las reglas estadísticas. Y lo razona: "La muestra analizada por la OCU es demasiado pequeña (21 puntos muestrales) en relación con las gasolineras existentes en Madrid. De acuerdo con la noticia, deduzco que son 262; por tanto, una muestra aleatoria de 21 unidades permitiría obtener datos con un margen de error del ± 21, 1%, con un nivel de confianza del 95,5%. Esto significa que, si la OCU ha encontrado seis casos en los que se suministra menos combustible del que marca el surtidor, el titular correcto de la noticia sería: Entre 8 y 50 de cada 100 gasolineras de Madrid engañan a sus clientes. Claro que eso es como no decir nada, dado su margen de incertidumbre". El lector detalla la operación estadística que lleva a esa conclusión, si bien no parece necesario reproducirla aquí. Lo importante es resaltar que, a su juicio, para que el estudio hubiera tenido validez en términos generales (estadísticos) con un margen de error normalmente aceptable entre los estudiosos de las ciencias sociales (un ± 5% con un nivel de confianza del 95,5%), la muestra la tendrían que haber formado 159 gasolineras; es decir, casi ocho veces más de las realmente analizadas". El Defensor del Lector ha contrastado esta opinión con la de otro experto en estadística, como lo es, sin duda, el presidente de Demoscopia, José Ignacio Wert. Para Wert, lo que dice el lector es "incuestionable desde el punto de vista estadístico". Pero, a su juicio, lo más importante que plantea "está más allá de las technicalities, y también en eso creo que su análisis es correcto". Es decir, subraya Wert, "en el fondo, el trabajo de la OCU viene presentado (probablemente la propia presentación de la OCU induce al equívoco, pero no me consta) como lo que no es, a saber, un muestreo representativo. Eso no quita valor informativo ni importancia a las revelaciones. Simplemente, obligaría a presentarlas de otra manera no inferencial. Un titular -sobrio y descriptivo (Seis de las 21 gasolineras inspeccionadas por la OCU engañan a sus clientes, por ejemplo) no hubiera sido menos fuerte ni menos impactante, y, en cambio, sería irreprochable, al no establecer inferencias estadísticas indebidas". Hay que darle, pues, la razón al lector en su análisis. Se realizó en el titular una extrapolación indebida de los datos obtenidos en la investigación de la OCU que no empaña, desde luego, la gravedad del fraude denunciado. Incluso es posible que el titular, vistas las irregularidades descubiertas, resulte premonitor, pero entretanto es inexacto. Miguel González, autor de la información, aunque no del titular cuestionado, cree conveniente subrayar la importancia, en cuanto a facturación y número de surtidores, de las gasolineras investigadas por la OCU. La observación tiene un indudable interés informativo, pero no cambia el carácter de la muestra. Todo ello pone una vez más de relieve que la estadística, es decir, su tratamiento editorial e informativo, sigue siendo una asignatura pendiente en las redacciones. Como afirma Wert, es un problema que muchos medios se plantean y cuya solución "creo que es un elemento de diferenciación cualitativa que EL PAÍS podría considerar".

Ejército y País Vasco

Un lector de Alicante, Daniel Climent, reprocha al Defensor del Lector su silencio ante el aserto de Vicente Verdú, contenido en su columna titulada Más del 10 de enero, de que, "en cualquier país civilizado de los que conozco, el Ejército, en lugar de conservarse oculto en los cuarteles, habría acudido a proteger las vidas de su sociedad" (Verdú se refería a la situación en el País Vasco tras el asesinato por ETA del concejal del Partido Popular José Ignacio Iruretagoyena). El lector muestra su preocupación por que "el arrebato justiciero de alguno de los colaboradores del periódico ponga en entredicho su trayectoria tantas veces demostrada en defensa de la legalidad vigente (que, entre otras cosas, impide que el Ejército 'salga' de los cuarteles, según se pedía en el mencionado artículo) y de los logros de la sociedad civil, civilizada y democrática". El Defensor del Lector consideró -erróneamente, por lo que se ve- que la inequívoca línea editorial de EL PAÍS sobre el tema, así como las tres cartas publicadas el día 16 en contra de lo manifestado por Verdú, hacía innecesaria cualquier otra manifestación al respecto. EL PAÍS se ha pronunciado incluso en contra de la intervención del Gobierno en el País Vasco para garantizar la seguridad- como sugirió Manuel Fraga eI mismo día del asesinato del concejal del PP. Al día siguiente, en un editorial titulado Polémica inoportuna, se decía: "A estos efectos, no parece muy oportuna la apelación de Fraga a las situaciones de excepcionalidad que contempla la Constitución. Más adecuado podría ser, si llega el caso, invocar el artículo del Estatuto de Gernika que plantea la posibilidad de que el propio Ejecutivo vasco pida el apoyo del Gobierno central". De otro lado, los lectores firmantes de las cartas publicadas el día 16 -buenos conocedores de la trayectoria de EL PAÍS- han interpretado con acierto el sentir y la doctrina del periódico sobre la cuestión. Pero lo alarmante, a tenor de lo apuntado por el lector de Alicante es que del aserto de Verdú pueda deducirse una posición favorable a la actuación autónoma a la antigua usanza del Ejército en los asuntos del Estado, en contra de la letra y el espíritu del artículo 8º de la Constitución. Verdú rechaza tal interpretación. "Al parecer", dice, "algún lector de experiencias franquistas ha interpretado que en mi columna Más del 10 de enero propugnaba yo que el Ejército tomara la iniciativa de intervenir en el País Vasco. Contra esa tergiversación, el texto constataba llanamente que, en países civilizados y tan próximos como Francia, el Estado no ha tenido prejuicios, como los que sufren algunos 'superdemócratas' españoles, en poner el Ejército al servicio de la sociedad cuando el acoso terrorista lo ha demandado. Estados Unidos, al que otros hiperdemócratas citan a menudo, no habría dudado tampoco en hacer lo mismo. Hasta ahí llegaba mi consideración, añadiendo que 'acaso no convenga hacerlo aquí', pensando en las connotaciones que aún pesan sobre el Ejército".Bien venida sea la aclaración de un texto que pudo plantear dudas en su literalidad.

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