Castilla-La Mancha lleva a la fiscalía las irregularidades en siete gasolineras

El escándalo de las gasolineras ha saltado definitivamente las fronteras de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Castilla-La Mancha cerró ayer dos nuevas estaciones de servicio del Grupo Villanueva, las de Ontígola, en el kilómetro 52 de la N-IV, y San Luis, en el kilómetro 37 de la misma carretera, ambas en la provincia de Toledo. Estos dos cierres se suman a los cinco decretados el miércoles, cuatro en Albacete y uno en Toledo. La Administración castellano-manchega ha dado parte de sus hallazgos a la Fiscalía, por si pudieran tener carácter delictivo.

En total son once las gasolineras del Grupo Villanueva clausuradas por manipulación de los surtidores: siete en Castilla-La Mancha y cuatro en Madrid. Además, otras tres estaciones de servicio del mismo grupo en Madrid tienen postes desmontados por el mismo motivo. Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS indicaron ayer que lo lógico es que el sumario sobre este fraude acabe siendo instruido por la Audiencia Nacional, ya que afecta a varias comunidades autónomas. Hasta ahora, el caso está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 45 de Madrid, cuya competencia se limita a dicha provincia.Antes de que se produzca el cambio de jurisdicción es necesario, sin embargo, que los fiscales de Castilla-La Mancha analicen las documentación que ayer les entregó la junta y determinen si de la misma se deducen indicios de delito, lo que daría lugar a la presentación de la correspondiente denuncia. Fuentes del Gobierno regional indicaron que los cierres de las siete gasolineras se han debido a la violación de los precintos internos de los postes y a la existencia en varias de ellas de un cableado ajeno a la instalación reglamentaria.

Aunque no quisieron aventurar el objetivo de este cableado, señalaron que, "al parecer, es de las mismas características que el descubierto en algunas gasolineras de Madrid". Se trata de un cable que va desde los surtidores hasta un lugar oculto de la estación de servicio donde hay un interruptor que permite activar el sistema.

Según dijo el miércoles al juez Francisco Javier Villanueva Aranguren, patriarca del grupo, el mecanismo sirve para prevenir cortes del fluido eléctrico. En cambio, para el fiscal de consumo de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Muniain, es un sistema presuntamente fraudulento que permite suministrar menos combustible del que paga el consumidor.

El Gobierno de Castilla-La Mancha entregó ayer el resultado de su investigación sobre las gasolineras del Grupo Villanueva al fiscal jefe del tribunal superior de la región, Andrés López Mora, y al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, Miguel González Blanco.

Las fuentes consultadas indicaron que se han entregado informes exhaustivos, que incluyen fotografías, vídeos y actas de las irregularidades descubiertas, fruto de una investigación desarrollada durante los últimos 15 días en colaboración con la policía judicial.

El presidente de la Junta de Comunidades, el socialista José Bono, difundió un comunicado en el que asegura que "es necesario salvaguardar la honorabilidad de muchos empresarios, honrados que tienen estaciones de servicio, velando al mismo tiempo por los intereses de los consumidores y sacando de este sector la cizaña que representan propietarios que actúan irregularmente".

El mismo comunicado advierte que las irregularidades detectadas pueden ser calificadas de faltas muy graves y sancionadas con multas de hasta 100 millones de pesetas.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoció que los métodos de inspección utilizados hasta ahora eran insuficientes. "No estamos ante un fraude consistente en distraer al conductor cuando se le sirve gasolina, sino ante un fraude que primero pensábamos que era mecánico, después advertimos que puede ser electrónico y está por ver que no tenga un carácter informático".

Ruiz-Gallardón agradeció la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que "hizo un gran servicio a la sociedad", y defendió la "diligente y eficaz" reacción de su Gobierno. Al contrario que algunos portavoces del PP, evitó responsabilizar al PSOE de un fraude que se calcula tiene 15 años de antigüedad.