Villalonga arremete contra el Gobierno por favorecer a Retevisión a costa de Telefónica

El presidente de Telefónica, Juan Villalonga, lanzó ayer un furibundo ataque contra el Gobierno por el papel -"arbitrista" dijo- que está jugando el Ministerio de Fomento en la ordenación de las telecomunicaciones. Villalonga culpó al regulador de bloquear "una serie de servicios, mejoras y rebajas" de Telefónica, en perjuicio de sus clientes y el desarrollo tecnológico. Lamentó que Telefónica no pueda responder a Retevisión porque sus tarifas las fija el BOE y acusó al Ejecutivo de actuar como "juez y parte" porque tiene un 30% en el segundo operador. Villalonga advirtió que existe el riesgo de que los nuevos operadores se conviertan en "meros parásitos privilegiados" a costa de Telefónica.

El presidente de Telefónica, amigo del presidente Aznar y nombrado por el Gobierno antes de la privatización total de la compañía, recurrió a una cita literaria, un cuento de Alfred Sauvy, Los mitos de nuestro tiempo, para cantar las teóricas alabanzas de la competencia.Fue sólo un aperitivo para la nutrida concurrencia (varios de los consejeros nombrados por él y de empresas dependientes de Telefónica como Vía Digital y de Antena 3) a las jornadas sobre El sector de las telecomunicaciones ante un mercado global organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Villalonga afirmó: "Hacen falta reglas del juego claras y precisas, iguales para todos y un árbitro capaz de dirimir conflictos".

A partir de ahí, su discurso se convirtió en ataque directo contra el Fomento y por extensión al Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Retevisión, "la operadora pública", como calificó al segundo operador.

"El regulador debe convertirse en el árbitro, y no caer en la tentación de ser el arquitecto de un proceso que pudiera acabar colocándolo en la posición de aprendiz de brujo ( ... ) Debe ser árbitro, no arbitrista", dijo. Sin embargo, la normativa europea permite algunas discriminaciones positivas a los nuevos operadores para mejorar las condiciones de competencia.

Villalonga siguió su arremetida. Tachó de "paradójica" la situación en España, donde el Estado dejó Telefónica, en medio "de alabanzas en todo el mundo", pero "curiosamente ahora aparece otra vez como principal accionista del segundo operador". "Es de esperar que esta paradójica situación dure lo menos posible para evitar que alguien pueda pensar que está actuando como juez y parte".

Tras crear dudas sobre la imparcialidad de la Administración, Villalonga increpó a Fomento, responsable de aprobar las tarifas de Telefónica. "Antes de liberalizar era preciso reequilibrar las tarifas, subiendo [las llamadas] locales y bajando sensiblemente las interprovinciales e internacionales", dijo. Curiosamente, Villalonga apeló a un estudio del Ministerio de Obras Públicas (ahora Fomento) del Gobierno socialista de 1993 que decía que "en el caso español la situación tarifaria es muy desequilibrada". E insistió que dicho estudio dice que debería producirse "una subida del 26% en la cuota de abono y del 63% en las llamadas urbanas".

Recordó que las llamadas locales y la cuota de abono mensual no suben desde julio de 1994, pero pasó por alto las subidas que tiene autorizadas este año (la de abono, 100 pesetas dos veces, y acortamiento de los pasos). La respuesta oficial de Fomento llegó a última hora de la- tarde: "El Gobierno estaría dispuesto a autorizar todo lo que se refiera a bajadas". Pero Villalonga quiere más. Se molestó por el precio de interconexión. "No se puede dejar al propietario de la única red fijar el precio de interconexión; pero no es menos cierto que el precio deberá responder al coste real que soporta el que realizó las inversiones. "En las tarifas interprovinciales e internacionales", prosiguió, "Telefónica no puede responder al segundo operador porque sus precios están fijados por el regulador en el Boletín Oficial del Estado (BOE)". Para compensar el desequilibrio, Telefónica reclama un régimen de tarifas máximas, es decir, "el modelo que sí se le ha autorizado a la operadora pública".

Telefónica "estaría encantada" de que el conjunto de las Administraciones Públicas sacarán a concurso el servicio de llamadas de larga distancia (como pide Retevisión). En la situación actual, "uno [de los concursantes] iría con las manos libres [Retevisión] y el otro [Telefónica] con las manos atadas a la espalda", dijo Villalonga, que recordó que las Administraciones deben 35.000 millones a su empresa.