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Tambien yo acuso

Año acusatorio, conmemoración de polvorientos desastres, en el que quien no condena, jalea o acusa es porque no quiere, o tenga mejor cosa que hacer. Una ojeada panorámica revela que casi todos los asuntos donde hundir el índice acusante han sido ya explorados. ¿Todos? No.Ahí está el Canal de Isabel II campando torvamente sobrelos contadores del agua de los madrileños. Me asombra la ausencia del asunto en las primeras páginas de los diarios, en los análisis radiofónicos y en los muchísimos espacios televisivos patroneados por intrépidas y agraciadas señoritas que, reconozcámoslo, cada vez lo hacen mejor y no está lejano el día en que lo hagan bien.Tuvo auge y fama el recibo de la luz, cuestión abstrusa planteada al ciudadano cada dos meses; célebre fue la enrevesada hermenéutica del albarán del gas, y múltiple arcano el que proponen las telefónicas al tasar sus heterogéneos servicios. Aquí y ahora les invito a una breve reflexión en cuanto al pago por el consumo del agua doméstica. Cualquiera, poco preparado, se dejaría arrastrar por la creencia de que el metro cúbico tiene un precio temporalmente invariable. O dos precios, si seguimos el impreso redactado por una empresa lectora, mantenedora, liquidadora y cobradora del popular líquido por cuenta del Canal. Una tarifa por consumo de agua y otra bajo el concepto "saneamiento", cuya denominación mejor es dar por buena, e incluso lícita.

Aunque uno sea poco meticuloso, en esos momentos recapitulares de comienzos de año puede observar algunas estrepitosas anomalías, sin equivalencia con facturas anteriores. Ejemplo abreviado: el periodo enero-abril de 1997 arroja un gasto de 32 metros cúbicos de agua y el mismo en el capítulo "saneamiento", con tarifas correspondientes de 115,47 y 63,07 pesetas, respectivamente, guarismos que, multiplicados por los metros cúbicos consumidos, las cuotas del Canal y el servicio recaudador, dan una suma de 6.344 pesetas. El resguardo del trimestre posterior registra un metro cúbico menos en el mismo lapso. Ésa, al parecer, mínima diferencia tiene una considerable repercusión: 4.208 pesetas, o sea, una reducción de 2.136. Tales cambios se perciben en distintas liquidaciones, anteriores o posteriores, al ejemplo matriz. El aparente disparate parece radicar en el establecimiento de las tarifas.

Como no tengo el gusto de conocer personalmente al Canal de Isabel II, que contrata directamente con el casero, y deseando ampliar mis deficientes conocimientos, recabé información de la compañía que emite los resguardos. De esa conversación telefónica, don Franz Kafka se habría puesto las botas. La persona que accedió al teléfono planteó una premisa: no tenía por qué hablar conmigo de la cuestión, en tanto usuario, porque ellos se limitan a la lectura del contador y confección de la factura correspondiente, que entregan al propietario de la finca urbana, para que, a su vez, lo cobre al inquilino con la renta mensual. Imposible el trato directo, aunque sea el inquilirio quien albergue el contador y libre el paso al empleado que verifica. Se produce un curioso cortocircuito y una sorprendente complicidad entre el arrendador, el suministrador y un tercer intermediario que rompe la solución de continuidad, sin que pueda saberse por qué.

¿Cómo se hace la atribución entre los vecinos? La respuesta me impresionó tanto que solicité fuera repetida para tomar nota literal. "Es una tarifa diferencial, con variantes, y se divide el importe por los metros cúbicos". Si alguien colige que es la forma de averiguar el coste por unidad, va apañado, pues referirse a esa norma, el metro cúbico de agua en Madrid, unas veces sale a 117,3 5 y otras a 74,02. Esto nos aconseja el abandono de las especulaciones sistemáticas. Tras un forcejeo verbal, el interlocutor, que daba muestras de considerable aguante, confesó que llevaba muchos años suministrando estas explicaciones, al parecer sin fruto, y resolvió acortar un diálogo que no llevaba a ninguna parte. Pude advertir su esfuerzo para controlar los nervios, al comentar que era el cuarto usuario de aquella tarde. Me remitió al decreto de tarifas del Canal de diciembre de 1996, según creí entender. Yo acuso al susodicho Canal de tomar el pelo a la ciudadanía.

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