Todos los presidentes autonómicos podrán disolver sus Cámaras tras las elecciones de junio del 99

Todos los presidentes autonómicos podrán disolver sus Cámaras y todas las comunidades tendrán los mismos servicios fundamentales a partir de las elecciones municipales y autonómicas de junio del 99. El Gobierno se propone finalizar el proceso de reforma de los estatutos de las 10 comunidades de vía lenta en un año, esto es, antes de la convocatoria de dichos comicios. Lo asegura el secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández. Con este proceso se cerraría el modelo jurídico del Estado autonómico, según el secretario de Estado.

El proceso de reforma de los estatutos avanza a "buen ritmo", valora Jorge Fernández. Tres comunidades -Aragón, Castilla-La Mancha y Canarias- ya los han reformado. Otras dos -Murcia y Madrid- tienen sus estatutos de autonomía en proceso de tramitación en el Congreso. Cantabria, que demanda ser "comunidad histórica", Baleares, Castilla y León, Asturias y La Rioja lo están tramitando en sus Asambleas y terminarán en el Congreso antes del verano. Sólo Extremadura presenta problemas serios.En todo este proceso se está produciendo un acuerdo entre los dos principales partidos, PP y PSOE, en cada comunidad, que luego se traslada y ratifica en el Congreso durante la tramitación de los estatutos. La reforma sigue como pauta la aprobada en Castilla-La Mancha en julio pasado, que contó con el respaldo de los tres partidos de la comunidad: PSOE, PP e IU. Es éste el único estatuto cuya reforma ha respaldado Izquierda Unida.

Según lo previsto, todos los presidentes autonómicos podrán disolver sus Parlamentos regionales. Sólo disponían de esta capacidad el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. No obstante, seguirá habiendo algunos límites. El presidente de cada comunidad no podrá acordar la disolución de su Parlamento durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para su terminación ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. Tampoco podrá acordar la disolución antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución por este procedimiento y en ningún caso podrá hacerlo Cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal.

La reforma de los estatutos establece, también, la profesionalización de los parlamentarios de las comunidades de vía lenta, que hasta ahora se limitaban a cobrar dietas, y permite que las Asambleas amplíen su número de diputados.

La reforma iguala en competencias en materia de servicios fundamentales a las comunidades de vía lenta con las de vía rápida -País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía-, que iniciaron el proceso autonómico con techos competenciales más altos. A partir de esta reforma, las de vía lenta tendrán las mismas competencias sobre los grandes servicios, incluida la sanidad, de la que antes carecían.

El secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández, valora que una vez alcanzada esta etapa para las elecciones autonómicas de 1999, se consolida el modelo jurídico competencial de las comunidades por la igualación de los servicios fundamentales y de las atribuciones de sus Parlamentos. "A partir de ahí, se produce la definitiva reforma de los estatutos y se alcanzan los techos jurídicos competenciales máximos. La única diferencia entre las comunidades se deberá a sus hechos diferenciales, derivados de la lengua, la cultura, el derecho foral o la insularidad". La insularidad se aplicará especialmente a Canarias. Y los hechos diferenciales derivados de la lengua, a las comunidades que la Constitución señala como históricas: Euskadi, Cataluña y Galicia.

El proceso de reforma sólo presenta problemas serios en Extremadura. El contenido del estatuto que se tramita en esta comunidad, gobernada por el PSOE, plantea un doble obstáculo para el Gobierno del PP: la reclamación de la llamada deuda histórica y la posibilidad de ejercer el derecho a referéndum. El presidente de la Junta extremeña, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quiere disponer de esta última competencia para aplicarla al actual modelo de financiación autonómica, que rechaza. Jorge Fernández estima que el derecho a referéndum "no es constitucional". El problema de fondo del estatuto extremeño, en su opinión, es "político" porque "se basa en un acuerdo entre el PSOE e IU, del que no participa el Partido Popular".