Un fiscal general envuelto en la polémica

"No es de los que gritan". Cuando desde La Moncloa se fijaron en él para fiscal general del Estado en sustitución del destituido Juan Ortiz Úrculo, quienes conocen bien a Jesús Cardenal por sus etapas como fiscal de la Audiencia de Bilbao (1960-1989) y como jefe del Tribunal Superior del País Vasco (1989-1997) -se ha resistido a dejar su vivienda oficial como tal por si tiene que volver- destacaron que no es un hombre de carácter y que sería excesiva su dependencia del Gobierno. Los fiscales le cuestionan ahora precisamente por prohibirles que critiquen al Ejecutivo, en general; a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, en particular, y, cómo no, a él mismo.Lo innegable es que Cardenal, un vallisoletano que el 20 de febrero cumplirá 68 años, casado, con seis hijos y miembro del Opus Dei, llegó en mayo de 1997 a la Fiscalía con la etiqueta de educado, disciplinado, obediente y muy conservador. Tanto que, tras un intenso debate, el Consejo del Poder Judicial avaló su nombramiento, pero advirtiendo su preocupación porque algunas de sus manifestaciones habían sido poco acordes con principios básicos de la Constitución.

En la memoria fiscal del tribunal vasco de 1.994, por ejemplo, Cardenal había expresado que "el clima de pluralismo sólo beneficia -sobre todo, por la acción de algunos grupos intelectuales en diarios, revistas, radio, teatro, cine y televisión- a los extremos viciosos o a la media mediocre". Como consecuencia de ese pluralismo, proseguía, "surgen el divorcio, el reconocimiento de las parejas homosexuales, la demandada posibilidad de que éstos puedan adoptar menores, la despenalización y (...) ampliación del aborto, la protección oficial a la difusión de anticonceptivos, la libre circulación de la industria pornográfica...". Todo ello no sería así, concluía, "si esas leyes o permisiones fueran vistas como lo que son, un descenso del nivel ético de la sociedad. (...) Pero no ocurre esto; por un singular espejismo, (...) son moralizadas con el marchamo de la libertad".

"Cada uno ha reflejado en los medios de comunicación lo que ha pensado. Pues muy bien: viva la libertad". Así respondió Cardenal a las críticas -el PSOE le había dado una confianza "vigilante" tras jurar su cargo.

Pocos días después procedió a nombrar fiscal de sala y, de inmediato, fiscal jefe de la Audiencia Nacional al sancionado Eduardo Fungairiño, el cabecilla de los fiscales indomables -María Dolores Márquez, Ignacio Gordillo y Pedro Rubira-, que habían provocado la caída como tal de José Aranday, por extensión, la de Ortiz Urculo. Para ello se había saltado el informe, en contra, del Consejo Fiscal, hasta entonces vinculante.

La Junta de Fiscales de Sala, el generalato de la carrera, reaccionó ante lo que entendía como "ilegal" pidiéndole que dimitiera por haberse sometido al Ejecutivo y porque su actuación y la de éste suponían, "objetivamente, una quiebra grave del modelo constitucional del Ministerio Fiscal". Los fiscales jefes de los tribunales superiores de la mayoría de las comunidades secundaron la movilización. Al final, ante el boicoteo, tuvo que ser el propio Cardenal quien apadrinase a Fungairiño, a quien sólo arroparon sus indomables, en su toma de posesión.

Dimisiones -no aceptadas- del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Eduardo Torres-Dulce, y sus compañeros; más choques con el Consejo Fiscal; nuevas denuncias de los fiscales progresistas sobre injerencias del Gobierno... Cardenal, imperturbable.

Tan imperturbable como para respaldar a Fungairiño y Gordillo en el caso Sogecable pese a disponer de un informe de la Secretaría Técnica según el cual no existían los delitos de estafa y apropiación indebida de que se acusaba a la empresa presidida por Jesús de Polanco. Un criterio coincidente con el de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que ordenó su archivo parcial.

En los últimos meses han arreciado las descalificaciones contra Cardenal. Para el portavoz parlamentario del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray, contribuye a confundir las competencias entre la Fiscalía y el Gobierno. Para su homóloga de IU, Rosa Aguilar, su departamento es una mera prolongación del Ministerio de Justicia y él se dedica "a servir a dedo a quien le nombró" y a ser "su vocero".

Cardenal ha vuelto en estos días a apoyar a Fungairiño respecto a su informe contrario a que los tribunales españoles sean competentes para juzgar a los responsables de las dictaduras de Argentina y Chile por la desaparición de españoles. El PSOE, con la ayuda de IU, el BNG y Nueva Izquierda, ha intentado promover un pleno extraordinario del Congreso para debatir sus destituciones. No lo ha logrado por el imperativo de los votos. Pero, aunque sea en uno ordinario, no cejará en ello.