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EL DÉFICIT público, uno de los desequilibrios básicos más persistentes de nuestra economía y también uno de los más difíciles de corregir, ha experimentado en 1997 una reducción espectacular, gracias a la cual España cumplirá más que holgadamente el requisito de convergencia de Maastricht. El déficit de caja no financiero del Estado se situó el año pasado en dos billones de pesetas, el 44% menos que en 1996.A la espera de conocer el dato definitivo en términos de contabilidad nacional -el que realmente sirve como referencia para la integración en la tercera fase de la Unión Monetaria-, los avances disponibles confirman que estará en tomo al 2,3% del PIB, por debajo del requisito de convergencia. Con esa cifra, España habrá conseguido un éxito sin precedentes en el ajuste presupuestario, que era sin duda la prueba más difícil del examen de Maastricht.

Hay que atribuir al Gobierno una parte sustancial del éxito por este drástico ajuste presupuestario. A pesar de las innegables dificultades que planteaba un recorte continuado del gasto, el equipo económico se ha esmerado en el seguimiento y ejecución de las cifras. En una palabra, el Ministerio de Economía se tomó en serio la urgencia de controlar el déficit, a sabiendas de que es un proceso largo y esforzado. En suma, Rodrigo Rato y su equipo han demostrado la voluntad política de ajustar el Presupuesto de forma efectiva. El tesón en el control de la ejecución presupuestaria ha resultado el elemento decisivo.

No obstante, sería ilusorio suponer que la reducción del déficit ha respondido solamente a la voluntad de controlar el gasto. La otra cara ha sido el crecimiento espectacular de los ingresos como consecuencia de la mejora de la situación económica -el aumento de los beneficios empresariales ha elevado considerablemente la recaudación del impuesto de sociedades- y las operaciones de privatización y la reducción de los costes financieros de la deuda por la bajada de los tipos de interés.

Una vez conseguido el éxito en los objetivos de convergencia, hay que afrontar reformas estructurales que permitan mantener el déficit bajo control incluso en condiciones menos favorables de crecimiento económico. Sin tales reformas, negociadas y pactadas con los agentes sociales, no podrá mantenerse la estabilidad presupuestaria en límites que no pongan en riesgo la estabilidad española en el área del euro.