La mitad de las graveras del parque del Sureste tendrá que marcharse

Unas 30 graveras, de las más de 70 que socavan el parque del sureste, tendrán que cambiar de ubicación. La Consejería de Medio Ambiente ha elaborado un borrador del Plan de Ordenación de Recursos del Parque (PORN), herramienta legal que ordena esta zona natural, que prohíbe que se prorroguen "las concesiones de explotación [de gravas] situadas en las zonas A, B, C y E". Estas cuatro son las zonas más protegidas de las seis en que se divide este polémico parque natural.

La Asamblea de Madrid creó por ley en 1994 el parque (límites, zonas de protección ... ), pero faltaba una herramienta jurídical que lo defendiese de cualquier agresión interna o externa. El PORN, que aún debe recibir el visto bueno de la Junta Rectora (agricultores, ecologistas, ayuntamientos), carga las tintas contra las graveras existentes en el interior del parque. Las considera uno de los peligros más importantes para la continuidad de esta zona natural y propone su eliminación en buena parte de sus 29.000 hectáreas.El plan establece que las minas situadas en las zonas A, B, C y E (véase el gráfico adjunto) deberán abandonar el parque. Sólo se permitirán estas actividades mineras en parte de las zonas llamadas D y F, lugares bastante degradados.

Todas aquellas minas que sigan abiertas deberán establecer además "una franja de 50 metros de anchura respecto a cualquiera de las carreteras, cursos o masas de agua existentes en el entorno de las explotaciones". Las empresas mineras tendrán que aportar además "una fianza, cuyo importe será igual al presupuesto de ejecución del proyecto de restauración". Esta fianza se establece para responder de los posibles daños medioambientales causados por la gravera. El importe se actualizará anualmente conforme al índice de precios al consumo.

El portavoz de la asociación ecologista Aedenat, Santiago Martín Barajas, considera que el plan de ordenación "es una mejora sustancial con respecto a la ley [la de 1994 que creaba el parque], pero no es suficiente". Aedenat considera que la dehesa de la Boyeriza, una finca calificada como zona D, "debe quedar también a salvo de las graveras" .

El plan de ordenación deja en manos de la Comunidad la posibilidad dé ejercer el derecho de tanteo y retracto. Es decir, la Administración se reserva el derecho a comprar una finca a precio público cuando su propietario la ponga a la venta. Este es uno de los puntos más polémicos del plan, ya que los agricultores siempre se han negado a que la Comunidad intervenga en sus transacciones.

El PORN prohíbe también la caza y la pesca en las zonas más sensibles: aproximadamente un corredor de un centenar de metros de ancho paralelo a ambos lados del río Jarama.