El Parlamento alemán aprueba la reforma constitucional que legaliza las escuchas

El proyecto de ley para "mejorar la lucha contra la delincuencia organizada" que ayer aprobó por la mínima el pleno de la Cámara baja (Bundestag) del Parlamento alemán y que conlleva una reforma de la Constitución, ha movilizado en contra a amplios sectores de la opinión pública, especialmente a profesionales que, como los periodistas, gozan del derecho a negarse a prestar testimonio y ahora podrán ser espiados legalmente por la policía con micrófonos instalados en sus redacciones, sus despachos, sus dormitorios y sus cuartos de baño.

La ley, que despierta los fantasmas de las tradiciones policiales alemanas en muchos, responde teóricamente a la necesidad de reforzar las medidas contra el lavado de dinero negro y evitar que los grupos delictivos crucen las fronteras con maletas llenas de billetes. El documento discrimina a favor de unos portadores de secretos profesionales como sacerdotes, abogados defensores y diputados en detrimento de otros, como periodistas, médicos o asesores fiscales. En el ejercicio de sus funciones, la primera categoría no se verá afectada por el espionaje legal; la segunda puede estarlo, y la Asociación Alemana de Periodistas ya ha expresado su preocupación por las consecuencias que esto pueda tener sobre el periodismo de investigación, que en Alemania es un importante elemento de crítica y control del estamento político. Las fuentes de la prensa pueden ahora sentirse desprotegidas, ya que nadie les asegura que sus contactos con los medios de comunicación sean respetados por micrófonos escondidos.Como paladines de la defensa de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución se han plantado con vehemencia los Verdes. A la oposición se ha sumado el partido de los socialistas de la extinta República Democrática Alemana, que dirige Gregor Gysi. Los Verdes, que acaban de celebrar con una gran fiesta su mayoría de edad (sus 18 años de existencia), han sido especialmente activos en su lucha contra el proyecto de ley. Manfred Such, uno de los diputados que ha elaborado la posición verde, definió el día de ayer como un "viernes negro" para la Constitución y señalaba a este periódico que la polémica ley "merma en tal medida el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio que no deja nada de la Ley Fundamental". "Los ciudadanos no podrán estar seguros de si son vigilados o escu-chados", señala Such, para quien una ley aparentemente pensada para escuchar a los delincuentes se ha convertido en un peligro para todos los ciudadanos.

El alcance de la ley obliga a modificar el artículo 13 de la Ley Fundamental de Alemania para justificar las escuchas electrónicas, que ya eran legales con fines preventivos, también con fines penales, en el caso de que existan serias sospechas de delito y contando con la autorización judicial. Dadas las modificaciones constitucionales que la ley conlleva, se necesitaban los dos tercios de la cámara para la aprobación del documento, que no permite la vigilancia mediante vídeo con fines penales. La ley superó esa barrera de los dos tercios por sólo cuatro votos: 452 síes frente a 184 noes. Ahora deberá ser ratificada por la Cámara alta (Bundesrat).

Según Such, los jueces alemanes no suelen cuestionar las solicitudes de escucha que les presenta la policía en sus investigaciones. Además, la nueva ley dará a la policía posibilidad de adquirir conocimientos que pueda utilizar en el futuro.

En la argumentación a favor de los cambios constitucionales, los abogados de la nueva ley han aducido que las escuchas telefónicas son insuficientes en la lucha contra el crimen organizado y que la "práctica fiscal y policial" muestra que las escuchas domiciliarias son necesarias para "una efectiva persecución". El ministro del Interior, Manfred Kanther, insistió en el Parlamento en que "esto no es un asunto clave para un Estado constitucional. Es una medida que sólo raramente será usada en la lucha contra la delincuencia".