La estrella de David

El mortal atentado sufrido el pasado viernes por José Ignacio Iruretagoyena, concejal del PP en Zarautz, prosigue la estrategia del desistimiento puesta en marcha por ETA con los asesinatos de Miguel Angel Blanco y José Luis Caso, también concejales populares en Ermua y Rentería. La ofensiva de terror lanzada contra los cargos electos del partido del Gobierno en el País Vasco pretende forzarles a abandonar sus puestos (cuando no sus domicilios) y a conseguir indirectamente a través de esa vía la expulsión simbólica de los votantes del PP de la sociedad vasca.La seguridad de los concejales populares en Guipúzcoa (donde los peligros parecen mayores que en Vizcaya y Alava) ha sido confiada a la Ertzaintza. En la dolorosa herencia dejada por los 40 años de dictadura figuran las torturas infligidas a los detenidos en las comisarías y los cuartelillos de toda España; durante los estertores del franquismo, esos tratos inhumanos alcanzaron una especial saña en el País Vasco, trenzando una diabólica espiral de causa y efecto con los crímenes terroristas. El Estatuto de Gernika encomendó a la Ertzaintza el mantenimiento del orden público en toda la comunidad autónoma precisamente para acercar las fuerzas de seguridad a los ciudadanos y disipar los malos recuerdos asociados a la Policía Nacional y la Guardia Civil de tiempos preconstitucionales. El respeto hacia los derechos humanos de los detenidos, por horribles que sean sus crímenes, es un rasgo de las actuaciones policiales en una sociedad democrática, sometidas siempre al control judicial y al Estado de derecho. La Constitución asigna a las fuerzas policiales la misión de "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana": casi avergüenza recordar que los 166 concejales del PP en el País Vasco son titulares de esos derechos y libertades en pie de igualdad -cuando menos- con los terroristas que les amenazan y asesinan.

La primera manipulación ideológica utilizada por ETA para privar a sus víctimas del derecho a la vida es despojarles previamente de su condición humana: si los hitlerianos llamaban ratas a los judíos, los nacionalistas radicales denominan txakurras (perros) a los guardias civiles. El segundo sofisma es negar -a sus enemigos la ciudadanía vasca, abstracción hecha de su lugar de nacimiento, origen familiar, lengua y residencia: si los franquistas desterraron a la Anti-España a los comunistas y los masones, los etarras expulsan ahora del País Vasco incluso a los ertzainas (cipayos). Dentro de esa estrategia, la ofensiva del nacionalismo radical contra los concejales del PP y contra sus votantes pretende marcarles con una simbólica estrella de David y aislarles como gente políticamente apestada.

Aunque sólo hubiese un militante del PP en todo el País Vasco, tendría los mismos derechos (incluido el derecho a recibir protección de la Ertzaintza) que el resto de los ciudadanos; aunque todos los concejales populares fuesen inmigrantes y hablasen únicamente castellano, estarían equiparados en legitimidad democrática con los demás representantes del pueblo soberano. Pero sucede, además, que el PP fue el tercer partido más votado del País Vasco en las últimas elecciones (18,33% de los sufragios), a siete puntos del PNV (25,05%) y cinco del PSOE (23,56%). Así, pues, las urnas no dejan resquicio para las dudas sobre la representatividad política de los populares: sobre todo, si se comparan sus 230.000 votos de 1996 con los 154.000 de HB. En su espléndido libro El bucle melancólico (Espasa Calpe, 1997, p. 21), Jon Juaristi recuerda que los vascos libraron varias guerras civiles desde la primera carlistada de 1833 hasta los combates de 1936 entre los 40.000 gudaris defensores de la República y los 60.000 requetés leales a Franco; anteayer, el lehendakari Ardanza ha subrayado -con parecido espíritu- que la violencia de ETA "es un conflicto interno a la sociedad vasca y no una confrontación entre el pueblo vasco y el Estado español".