Rechazo y repudio

POR VEZ primera en los ocho años de democracia, la Cámara de los Diputados chilena se ha dado la satisfacción de aprobar por 56 votos frente a 26 una declaración de "rechazo y repudio" a la incorporación al Senado, con carácter vitalicio, del general Augusto Pinochet cuando éste concluya, probablemente a finales de este mes, su mandato como jefe del Ejército. Lo ha ejercido durante 23 años, 17 de los cuales, desde el golpe de 1973, como cabeza de una de las dictaduras más represivas y asesinas que recuerda América Latina. Con esta votación, Chile intenta tapar las vergüenzas de una democracia incompleta, que sólo será plena el día en que Pinochet desaparezca de la escena y el Ejército deje de vigilarla.La declaración aprobada constituye una reprobación moral sin efectos prácticos. Pero pone el dedo en la llaga al considerar que la entrada de Pinochet en el Senado no ayuda a la reconciliación de los chilenos, ni a las relaciones entre la sociedad y los militares, y daña la imagen internacional de Chile. El texto ha sido promovido por la mayoría gubernamental de centro-izquierda, que además ha pedido celebrar el miércoles próximo un debate monográfico sobre el papel de Pinochet tras el restablecimiento de la democracia en 1990.

Desde luego, la credibilidad de la democracia chilena ganaría si Pinochet, como otros militares de la dictadura, no pasara al Senado en virtud de una Constitución impuesta y sin haberse sometido a una votación. Pero tampoco sería positivo que este debate uniera, una vez más, al Ejército en torno a esta figura de 82 años. Están en estudio una propuesta para que el Tribunal Constitucional inhabilite a Pinochet como senador por no haber sido presidente electo y una acusación por haber atentado contra el honor de la nación.

Pinochet se siente seguro en Chile. Sin embargo, es saludable que, aunque no pueda ser perseguido en su país por los crímenes cometidos durante la dictadura, el juez García-Castellón, de la Audiencia Nacional de Madrid, con la colaboración de la Administración norteamericana, mantenga abierta, con razones jurídicas de peso, una causa contra el dictador y varios de sus compinches.