El Estado espera ingresar más de 325.000 millones por la venta del 29% de Argentaria

Estado espera ingresar más de 325.000 millones de pesetas por la cuarta y última privatización de Argentaria, que comenzará el día 26 de enero y terminará el 20 de febrero. Previamente, el Consejo de ministros del día 16 aprobará la venta del 29,2% del capital del grupo bancario que todavía queda en manos del Estado y el régimen de autorización administrativa previa (el mal llamado golden share), por el que todas las adquisiciones iguales o superiores al 10% deberán ser aceptadas por el Gobierno. La privatización total del grupo, tras la que el Estado se queda sin banca pública, deja vacía de contenido a la Ley sobre Entidades de Crédito de Capital Público, lo que podría obligar a modificarla.

La privatización del último paquete de Argentaria que queda en manos estatales (el 29,2% del capital, 35,76 millones de acciones) es el comienzo de un ajetreado año de enajenaciones. El Gobierno, que tiene previsto aprobarla el 16 de enero, previo informe del Consejo de Estado, espera unos ingresos mínimos de 325.000 millones. Según la cotización de ayer (9.700 pesetas), el paquete de acciones tiene un valor de 347.000 millones. Pero ésta es una cifra &referencia, ya que puede sufrir grandes variaciones hasta que se fije el precio definitivo el 16 de febrero. Además, Patrimonio deberá pagar el impuesto de plusvalías tras la operación.Del 29,2% estatal, el 26,65 o está en poder de Patrimonio del Estado y el 2,6% en las de la Sociedad Estatal del Patrimonio del Estado (SEPI). Aunque se venderá el total de los 35,76 millones de acciones del Estado, en principio se ponen en venta 32,51 (28,1% del capital total de Argentaria) y se reservan 3,25 millones (1,1%) para el green shoe (porcentaje de acciones que se reservan los bancos colocadores). Asimismo, está previsto que el tramo minorista reciba el 60% de la colocación y el institucional el 40%, tanto en España como en el exterior.

Los minoristas, según un diseño que está sujeto a modificaciones, tendrán un descuento del 3% y se tratará de primar a las peticiones más madrugadoras. Asimismo, está previsto ofrecer otro descuento del 3% a aquellos minoristas que no vendan ninguna acción en un año. Este bono de fidelidad se hará mediante una devolución de dicho porcentaje sobre lo gastado. Otra medida en estudio es eliminar el mínimo garantizado que se ha aplicado en otras privatizaciones.

Control bancario

Argentaria, al ser una entidad financiera, también está sometida al control del Banco de España, por lo que las decisiones del Ejecutivo deben ajustarse también a la, normativa bancaria. De hecho, en el proyecto de Real Decreto de aplicación del régimen de autorización administrativa previa a Argentaria (lo que se ha dado en llamar golden share) que se aplica a las entidades mercantiles que realizan actividades de interés público, el Gobierno se va a limitar a exigir que las adquisiciones del 10% o más del capital del grupo sean aprobadas por el Gobierno en tres años, prorrogables, a cuatro. No obstante, esto ha recibido alguna crítica de expertos, ya que en realidad es una medida anti-OPA más que de protección de intereses públicos. La apuesta ha sido optar por alianzas internacionales y no por un núcleo estable de accionistas.Esa medida también se contempló en las privatizaciones de Repsol y Telefónica. Pero en éstas también se concedió al Gobierno la potestad para aprobar cualquier venta de activos o modificación del objeto social. En este caso no es así. Y es que, además de la ley del régimen de autorización administrativa, Argentaria está sometida a un marco especial establecido por la Ley sobre Entidades de Crédito de Capital Público Estatal, por la que se integraron las entidades de crédito públicas bajo la Corporación Bancaria de España (Argentaria). Esta ley ha seguido teniendo vigencia en las tres privatizaciones anteriores al seguir vinculado al Estado. Ahora, al privatizarse, ya no habrá capital público. El Estado se queda sin banca y sólo el ICO quedará como agencia financiera.

En ese sentido, algunas fuentes han subrayado que sería necesario modificar dicha ley para la OPV. Fuentes de Economía han manifestado que no es necesario modificarla y que esa circunstancia no impedirá lanzar la OPV como estaba previsto, "ya que lo único que pasa es que esa ley queda vacía de contenido y no es necesario tocarla".