Asuntos Sociales aboga por mas protección a las mujeres maltratadas, incluida la escolta policial

La secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, abogó ayer por poner en marcha nuevas medidas de protección para las mujeres víctimas de la violencia familiar. Entre ellas citó la escolta policial, la separación del agresor, la tramitación rápida de los juicios y el seguimiento de las condenas por malos tratos, que este año han causado la muerte a 60 mujeres a manos de sus parejas y ex parejas. Ayer, mientras se celebraban manifestaciones en contra de la violencia doméstica frente a las ocho audiencias provinciales andaluzas, se conocieron dos nuevos casos de agresiones en Badajoz y Albacete.

La responsable de Asuntos Sociales señaló en la Cadena SER que para atajar la violencia doméstica 11 son fundamentales medidas de prevención de la reiteración de la agresión y si es necesaria, protección policial". Además, Amalia Gómez abogó por establecer fórmulas que alejen al agresor de la víctima, impidiéndole acercarse a ella "ni siquiera con la excusa de que tienen que visitar a sus hijos".Según Gómez, las reformas que prepara el Gobierno están dirigidas a la tramitación rápida de los juicios y al seguirniento de las condenas. La secretaria de Estado reconoció que entre los jueces falta "una cultura respecto a la situación que se genera" con sus sentencias en algunos casos, donde las agresiones se penan con arrestos domiciliarios de fin de semana. A su juicio, los jueces deben mantener "mayor contacto con los psicólogos, con trabajadores sociales y con centros de acogida de la mujer".

La dimensión social del problema, en opinión de Gómez, hace imprescindible insistir en la educación para que la violencia doméstica no se reproduzca en las generaciones futuras. En este sentido denunció que en los medios audiovisuales muchas veces se da la imagen de que la violencia sirve para conseguirlo todo. "Y ante eso luego no podemos rasgamos las vestiduras", agregó.

Autonomía económica

Gómez reconoció que los 129 centros de acogida que hay en toda España son insuficientes, aunque cumplen su labor, y aseguró que "hace falta vincular la estancia en estos centros a una salida laboral" que dé autonomía económica a la mujer. "Los agresores suelen ser personas con baja autoestima, con un desprecio hacia la mujer, mientras las víctimas son mujeres sin autonomía económica, lo que hace que se callen más y no denuncien", añadió.Gómez añadió que no podía asumir "en absoluto" las declaraciones del vicepresidente Primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, en las que al hablar de la última víctima mortal de la violencia doméstica aseguró que se trataba de "un hecho aislado", pero justificó las palabras de Cascos en que éste quiso evitar "el efecto cascada y que se sucedan más malos tratos porque se conozcan".

Por otra parte, centenares de personas se concentraron ayer por la tarde ante las Audiencias Provinciales de las capitales andaluzas para protestar contra los casos de malos tratos a mujeres y para exigir una acción judicial firme y rigurosa contra los agresores. Andalucía está especialmente sensibilizada en este asunto, en gran parte debido a la sobrecogedora muerte de Ana Orantes, la mujer granadina que fue quemada viva por su ex marido el pasado día 17, tras haber denunciado su caso en un programa de Canal Sur.

La convocatoria contó con el respaldo de todos los partidos conrepresentación parlamentaria en Andalucía y reunió a varios centenares de personas.

En la manifestación de Sevilla (la más numerosa, con unas 300 personas), la consejera de Gober ación de la Junta de Andalucía, Carmen Hermosín, resumía así las razones de las concentraciones: "Las agresiones a mujeres, han sido consideradas tradicionalmente un asunto tabú o secundario, y este tipo de protestas son importantes para que las agredidas seatrevan a denunciar, a acudir a la Policía y a los servicios de asuntos sociales, y a romper con su, situación familiar, que no sigan creyendo que tienen que aguantar. Que sepan que los ciudadanos y las Administraciones las apoyan".

Los colectivos de mujeres, apoyados en mayor o menor medida por los distintos partidos, solicitan la creación de una Fiscalía de la Mujer que se ocupe en exclusiva de estos casos y modificaciones en el Código Penal para sustituir elactual arresto domiciliario del agresor por la prisión preventiva siempre que haya lesiones, así como que se elimínenlas multas (que gravan el presupuesto familiar, y no sólo el del marido) y se reemplacen por trabajos en centros asistenciales.

.También piden que se creen más casas de acogida, porque con el número actual muchas víctimas se ven obligadas a volver a convivir con su agresor a los pocos meses de haberlo denunciado.