Flexibilidad necesaria

EL MINISTERIO del Interior ha dado señales, en fechas recientes, de flexibilizar su política penitenciaria uno de los puntos que quebraban el necesario consenso en la lucha antiterrorista entre el partido del Gobierno y las demás formaciones políticas, especialmente las nacionalistas vascas. El propio Mayor Oreja aceptó a finales de noviembre, tras recibir a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, la conveniencia de aplicar una "política más activa" en esta materia, sin abandonar el criterio del tratamiento individualizado de los reclusos de ETA. El posterior traslado, el 8 de diciembre, de 15 presos a cárceles más próximas al País Vasco fue una primera expresión de ese giro, que para que resulte creíble y eficaz debe tener la continuación que las circunstancias aconsejen, tanto en lo que se refiere al acercamiento como en la concesión del tercer grado penitenciario y del indulto a aquellos reclusos que rompan amarras con la organización terrorista y revisen de forma crítica su anterior militancia.Los datos ofrecidos ayer por este periódico revelan que, afortunadamente, el Gobierno del PP ha ido corrigiendo la postura dogmática que mantuvo en la oposición respecto a la reinserción. El cambio es todavía modesto -este año, Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado a siete presos-, pero significativo -el año anterior sólo se otorgó a uno-.Un Gobierno responsable no puede recortar su margen de maniobra en un asunto de este calado por un anterior comportamiento sectario. Como sostiene Mayor Oreja, un Gobierno democrático no puede moverse al son que toque una organización terrorista; pero, volviendo del revés el aserto, habrá que convenir que el hecho de mantener inmóvil la política penitenciaria porque ETA continúa con sus crímenes implica caer, por pasividad, en la supeditación que se intenta evitar.

La política penitenciaria es uno de los frentes principales de la lucha contra el terrorismo, y debe tener a la ley como principio esencial. Pero el marco de la legalidad deja también hueco para consideraciones humanitarias y políticas; es decir, de oportunidad. De la misma forma que ETA utiliza la cuestión de sus presos como factor aglutinante del sector social que gira en su órbita y como cuña contra la unidad de los partidos democráticos, una política penitenciaria bien instrumentada puede colaborar a crear contradicciones en el seno de la organización terrorista o a desactivar bienintencionados sentimientos de solidaridad que el entorno etarra manipula a su favor.

Sabe el Gobierno que en este asunto va a contar con el respaldo de las demás fuerzas políticas y que únicamente tiene la atadura de su anterior mensaje y del entomo sociológico del partido que lo sustenta.