Los presagios del 97

NO PODÍA ser otro que el secretario de Estado de Comunicación el que saliera, al finalizar el último Consejo de Ministros del año, a hacer un balance del ejercicio tan zarzuelero como el que presentó. Cualquier miembro del Gabinete quizá hubiera evitado el ridículo de confundir de modo tan evidente la propaganda con la realidad, no fuera que, más adelante, las encuestas del CIS desmintieran tanta tosquedad. Afirmar, como hizo Rodríguez, que en 1997 "se ha consumado el cambio democrático en España" sólo puede recibirse, por la cercanía del día de los Santos Inocentes, con una sonrisa.Esa acción de equiparar la propaganda con la realidad es uno de los rasgos centrales del Ejecutivo de José María Aznar, cuyo paradigma más acabado surgió cuando el presidente del Gobierno, a la pregunta de un periodista extranjero sobre el milagro económico español, respondió: "El milagro soy yo". El ejercicio del Gobierno se caracteriza por un continuo tejer y destejer. Como Penélope, el Gabinete frena políticamente durante el día lo que económicamente obtiene por la noche. Un ejercicio como el de 1997, que podría calificarse como bueno si se tuviesen tan sólo en cuenta los resultados económicos, se tiñe de mediocridad cuando sobrevuela lo directamente político.

El primer ejercicio que se agota íntegramente con el Gobierno del PP presenta perfiles a veces antagónicos, según la parcela de la vida española que se observe. Si, por una parte, la espectacular mejora de los desequilibrios macroeconómicos permite garantizar que España estará en el grupo de cabeza de la unión monetaria -algo que se veía con pesimismo incluso a finales de 1996-, por otra, la coyuntura política ha discurrido en un clima de crispación, una de cuyas últimas plasmaciones es la incomunicación y hostilidad entre Aznar y el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. La reflexión debe incluir una evaluación severa sobre la calidad de vida democrática y sobre el deterioro en los usos democráticos que se practican desde el Gobierno; todavía el viernes pasado, el Ejecutivo era incapaz de reconocer los errores cometidos con la inexistente amnistía fiscal de la que había acusado al Gobierno anterior.

El terrorismo sigue siendo el gran problema, pero las cosas han empezado a cambiar. La liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que supuso un duro golpe para ETA, y el asesinato del concejal Miguel Angel Blanco después de 48 horas de tensión que paralizaron España provocaron la masiva respuesta de los ciudadanos españoles en contra del terror y de la tortura que practican los asesinos. El espíritu de Ermua significa un giro clave en la percepción que tiene la sociedad española -y sobre todo la vasca- del terrorismo. El juicio a los representantes de la Mesa de HB y su condena por colaboración con ETA pueden ser interpretados como el final de cierta permisividad hacia las actitudes de colaboración abierta con el terrorismo.

Si en el ámbito terrorista los avances han sido notables, 1997 ha confirmado un retroceso gravísimo en el ámbito de la justicia que contamina gravemente al resto de la sociedad. La rebelión tolerada de los llamados fiscales indomables hizo detonar una crisis que se zanjó con el nombramiento de Jesús Cardenal como fiscal general del Estado y de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El Gobierno ha colocado a hombres de su confianza a costa de enfrentarse con la carrera fiscal y de agravar la falta de credibilidad de la justicia, afectada por el comportamiento errático y la arbitrariedad de algunos de sus jueces. El nombramiento de Cardenal y Fungairiño debe ser catalogado como un error inaudito del Gabinete. Cardenal y Fungairiño mantienen ideas poco acordes con la sociedad democrática a la que deben servir, como quedó claro con sus opiniones -elaboradas por el último y avaladas por el primero- sobre las dictaduras argentina y chilena.

El Gobierno ha sido incapaz de poner orden en el ámbito judicial, pero es en el campo de las libertades públicas donde suscita más prevenciones. El nombramiento de un diputado del PP, Fernando López-Amor, como director de RTVE -en contra de la promesa electoral de Aznar de nombrar un gestor independiente- y la exhibición del concepto de interés general para justificar sus ataques a un grupo de comunicación considerado hostil -PRISA, empresa editora de EL PAÍS- son las desagradables señas de identidad de este Ejecutivo en materia de comunicación. Su empeño más esmerado ha sido la creación de un grupo de comunicación afín al Gobierno en tomo a Telefónica, que, pese a su privatización, sigue actuando como un monopolio. La decisión de la Comisión Europea de rechazar el proyecto de ley digital e imponer una legislación abierta es el revés más humillante que ha recibido este Gobierno.

La televisión pública -participante subsidiaria del proyecto de Telefónica- ha alcanzado grados insospechados de sectarismo y mal gusto. La información premia el culto a la personalidad de Aznar y sus ministros mientras oculta o minimiza noticias incómodas; y el entretenimiento se ha entregado en brazos de la telebasura. RTVE es una fábrica de pérdidas fabulosas sin expectativas de mejora,ese a sus profesionales. En el ámbito de las libertades públicas es donde se aprecia la incomodidad de este Gobierno con los usos democráticos.

El propio estilo de gobernar, muy próximo a la democracia naval (donde hay patrón no manda marinero), ha chocado frecuentemente con sus socios parlamentarios, principalmente con Convergècia i Unió. La alianza política ha sufrido crisis frecuentes e intensas entre PP y CiU, a menudo por cuestiones de forma que irritan profundamente a una sociedad democrática. La falta de consulta previa a sus socios y la ausencia de sintonía entre Aznar y Pujol han contribuido a un clima en el que el paliativo a la sensación de inestabilidad ha sido ese tirar por la calle de en medio propio de los gobernantes incapaces de crear chinas de acuerdo. No es extraño que una simple revisión del papel de las humanidades en la enseñanza se convierta en una confrontación sobre las esencias de España y de sus nacionalidades.