Los partidos pactan renegociar por libre su deuda con los bancos

El desacuerdo reina entre los grupos parlamentarios en relación con la futura Ley de Financiación de Partidos Políticos. Sin embargo, los grupos no han tenido problema para introducir un artículo autoconcediéndose la capacidad individual de renegociar su deuda con los bancos siguiendo los usos habituales entre un particular y esas entidades. Esto abre la puerta a que los bancos condonen deuda, pero de manera transparente, ya que el Tribunal de Cuentas y el Banco de España tendrán que supervisar las operaciones.

El Tribunal de Cuentas ha instado a los grupos parlamentarios a que legislen la capacidad de renegociar la deuda con las entidades bancarias al haber detectado que. se ha estado haciendo sin amparo legal que lo justifique y pudiendo haber incurrido en financiación irregular. El alto tribunal no acusa directamente a nadie, pero advierte que las relaciones de los partidos con las entidades bancarias deben imitar a las que mantienen los particulares. Se trata de que los bancos, si deciden perdonar parte de la deuda, lo hagan sobre los intereses y no sobre el capital. Si se hiciera esto último, se incurriría en financiación irregular.Los partidos han hecho caso de la sugerencia, y antes de que la advertencia del Tribunal se convierta en acusación han redactado este artículo que parece inamovible. Para extremar la transparencia, cada vez que un partido, renegocie su deuda con un banco tendrá que dar razón de ello a esa institución y al Banco de España para que determine si hay o no privilegios.

El texto, firmado por todos los grupos, incluye esta disposición transitoria: "Los partidos políticos podrán llegar a acuerdos respecto de las condiciones de deuda que mantengan con proveedores o entidades de crédito". "Dichos acuerdos serán los admitidos según los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual entre las partes y no les serán de aplicación los requisitos y limitaciones establecidos en esta ley". "De tales acuerdos se dará cuenta al Tribunal de Cuentas y al Banco de España".

Todos los partidos miran al PSOE como susceptible de ser el que más use de la norma al ser el que acumula mayor deuda. Los socialistas se defienden diciendo que aunque su deuda es grande no han cambiado de siglas ni de dirección, en tanto que otros partidos han ido desapareciendo por la vía de cambiar de nombre y sus deudas difuminándose sin que nadie se haya escandalizado ni pedido cuentas. Esta es la explicación de Francisco Fernández Marugán, ponente de la futura ley de partidos y responsable de finanzas del PSOE desde que estallara el caso Filesa. Desde que Fernández Marugán se hizo cargo de las arcas del PSOE, esta fuerza política ha estado enseñando públicamente sus ingresos y gastos de forma anual y pagando su deuda, que ha descendido en cinco años de 11.000 a 8.000 millones.

Al margen de este acuerdo, que hasta ahora ha pasado desapercibido, la división entre, derecha e izquierda es total. Los socialistas rechazan la financiación de empresas con el argumento de que "la nueva clase empresarial" que se está creando en España, producto del sector público en vías de privatización, favorecerá al PP, según Fernández Marugán.

Sin acuerdo

Los partidos de centro-derecha están dispuestos a seguir adelante con la propuesta de que las empresas puedan dar dinero a los partidos. La izquierda no quiere y cada día que pasa se afianza más en su tesis, según reconocen Mariano Santiso, de Izquierda Unida, y Fernández Marugán. "En el PSOE la resistencia a que empresas y fundaciones den dinero va en aumento a la vista de que el sector público empresarial se está privatizando en favor de amigos del Gobierno del PP", dice el ponente socialista.La tesis de la dirección del PSOE es la de que la política que lleva a cabo el Gobierno está creando "una nueva clase empresarial" respecto a la cual cabe preguntarse "por qué no va a financiar las actividades del PP si son sus amigos concluye Fernández Marugán.

Este ponente ha apreciado el sentir contrario de su partido a recibir dinero de empresas, expresado en reuniones internas del Grupo Socialista y del comité federal el partido.

En ambas instancias, numerosos y destacados dirigentes, entre ellos el ex ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, pidieron a la Comisión Ejecutiva Federal que nunca acepten donaciones de empresas.

Estas reuniones se produjeron después de que el Tribunal Supremo condenara a miembros del PSOE por el caso Filesa, acusados de financiación irregular del partido. El PSOE cree que ya no tiene nada que perder, por lo que ha decidido ser el más exigente.

El debate para elaborar una nueva ley de financiación "ha venido en mal momento", señala un dirigente de CiU que considera perjudicados a todos los partidos por lo que le ha sucedido al PSOE. Los nacionalistas pretendían que los donantes de ciertas cantidades -primero 500.000 pesetas y en otro borrador 250.000- pudieran permanecer en el anonimato. El PSOE también se ha negado con el argumento de que la transparencia debe ser total.