La Fiscalía Anticorrupción pide el archivo de la denuncia del PP contra el PSOE por amigismo fiscal

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Baltasar Garzón que archive la denuncia por la supuesta amnistía fiscal encubierta durante la etapa socialista, efectuada a principios de año por el Gobierno del PP. El escrito del fiscal, de fecha 17 de diciembre, señala que no existen indicios de delito alguno, que no hay prueba de que hubiera un trato de favor de unos contribuyentes frente a otros y que el retraso en la tramitación de los expedientes no puede calificarse de prevaricación. El juez Garzón ya decidió hace algo más de un mes archivar la investigación que seguía por la tramitación de determinados expedientes en Valencia, y fuentes de la Audiencia Nacional consideran inminente que se adopte la misma medida respecto de la causa general.

Pese a que la denuncia del PP sigue desinflándose al tiempo que se suceden las investigaciones, el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, insistió anoche en Aranjuez, donde se celebró la cena de Navidad del PP, en que la prescripción de actas fiscales por valor de 200.000 millones se debió a la "falta de diligencia política de los responsables" de entonces, por lo que debe haber "explicaciones" políticas del PSOE.Tras la negativa del Congreso a avalar la denuncia de amiguismo político efectuada por el Gobierno del PP contra el anterior del PSOE, ahora es la Fiscalía Anticorrupción la que pide a Garzón que dé carpetazo al asunto. En su informe, fechado el pasado 17 de diciembre, la Fiscalía propone el archivo de las diligencias.

El retraso en la tramitación de unos 600 expedientes con el resultado de una deuda no ingresada en Hacienda de unos 200.000 millones de pesetas, no obedece a " comportamiento delictivo alguno" por parte de los responsables de Hacienda durante el Gobierno socialista, según la Fiscalía. "La Administración", añade, "venía operando con un criterio jurídico avalado por diversas resoluciones" de diferentes tribunales.

Por tanto, ese incumplimiento del plazo de seis meses y la posible prescripción de las deudas fiscales no respondió al objetivo de "perjudicar a la Hacienda pública o de favorecer a determinados contribuyentes" , estima la Fiscalía. La Administración de entonces incumplió los plazos, continúa, "pero ello no comprometió en modo alguno la prescripción".

El escrito se detiene en el caso de los seguros de prima única, que apuntaban directamente a La Caixa como entidad supuestamente beneficiada por el PSOE. La Fiscalía señala que se ha investigado si en la resolución de las actas "intervinieron criterios derivados de la composición parlamentaria a la vista del resultado electoral del año l993"; es decir, si influyó el pacto de legislatura entre el PSOE y CiU en favor de La Caixa.

"No aparece en las actuaciones ningún indicio que ponga en cuestión las explicaciones dadas por los responsables de la Agencia Tributaria [durante la etapa socialista]" por lo que tampoco en este caso se ven indicios de prevaricación. Esas explicaciones consisten en que se tardó en resolver el expediente de La Caixa por su complejidad y porque se decidió dar una solución global para todas las entidades financieras afectadas.

La petición de la Fiscalía a Garzón es que archive la causa, una decisión que según fuentes de la Audiencia Nacional es inminente. Garzón ya archivó la denuncia por la tramitación de determinadas actas en Valencia, que se sumó al caso de los 200.000 millones.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, Hacienda afirmó que con ella se avalan las conclusiones de la comisión de investigación creada en el Congreso. Esta comisión no avaló, sin embargo, las acusaciones de amiguismo y de trato de favor del PP contra el PSOE, y concluyó que se, había producido una relativa y muy matizada "negligencia en la gestión". El resultado, añaden las fuentes de Hacienda, es que "los 200.000 millones no se van a ingresar".

El Grupo Parlamentario Socialista, por su parte, exigió ayer al presidente del Gobierno, José María Aznar, que pida disculpas por el desprestigio y "sufrimiento" que supuso, para muchos socialistas verse acusados de haber favorecido fiscalmente "a unos amiguetes", informa Esta es la petición que ayer hizo el portavoz parlamentario, Juan Manuel Eguiagaray, al conocer que la Fiscalía Anticorrupción no ha visto materia penal en este caso.

Utilización partidista

El diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura, miembro de la comisión de investigación, dijo que la decisión de la Fiscalía "pone de manifiesto la utilización partidista que el PP hizo de la Hacienda pública, sin aportar pruebas del amiguismo y sin pararse a pensar el perjuicio que con ello causaba a Hacienda y a sus funcionarios". Añadió que con ello el PP intentó esconder su política de favorecer a las rentas del capital.El diputado de CiU Francesc Homs, también miembro de la comisión, dijo que el informe de la Fiscalía avala las conclusiones del Congreso, pero que "ni de las palabras del Gobierno ni de la información remitida al Parlamento apreciamos indicios de delito".

Vicente Martínez Pujalte, diputado del PP y también miembro de la comisión de investigación, insistió en que "hubo una negligencia política por parte de los anteriores responsables de Hacienda". El diputado de IU Francisco Frutos explicó que "lo que no se puede negar es que hay unas pérdidas de fondos para la Hacienda pública en beneficio de los más ricos".