Comisarías y cuarteles

EL PARTIDO Popular ha expuesto con claridad cuáles son sus ideas para profesionalizar las Fuerzas Armadas. Entre sus recomendaciones incluye una muy llamativa: la de que para formar parte de la Guardia Civil, policía nacional, policías autonómicas y locales sea necesario -"requisito indispensable", según su expresión- haber cumplido un mínimo de 12 meses como tropa profesional o haber hecho el actual servicio militar.La propuesta del Grupo Popular, presentada como dictamen final para la comisión mixta Congreso-Senado que estudia la profesionalización de las Fuerzas Armadas, va un paso más allá de la legislación actual, que considera simplemente un mérito para pertenecer a los cuerpos de seguridad la prestación de servicios en las Fuerzas Armadas. Pero el paso de "mérito" a "requisito indispensable" es muy serio; tanto que trastoca de un plumazo la composición de las policías, sean nacionales o autonómicas, y no es seguro que para mejor.

A la vista de la propuesta del Grupo Popular, la claridad es la mejor virtud que puede exhibir: después de tantos años y esfuerzos empleados en borrar el carácter militar de los cuerpos de seguridad, ahora el partido en el Gobierno propone girar 180 grados y convertir las policías en reservas exclusivas para militares con vocación profesional. La incongruencia política es meridiana: o el PP no tiene patente la orientación que debería asumir la policía -un cuerpo de seguridad civil que trabaja al servicio de los ciudadanos-, o bien la resistencia de los jóvenes a incorporarse al Ejército y los problemas que plantea la formación de un nuevo Ejército profesional han hecho olvidar al partido de José María Aznar las evidencias, más elementales.

Es evidente que la propuesta gubernamental convierte en reserva privilegiada para los soldados profesionales las plazas de las, distintas policías de la nación. La tarea de garantizar la seguridad ciudadana, difícil y que exige una vocación específica, queda reducida a un incentivo más para estimular el ingreso y reenganche en el Ejército profesional que sustituirá al forzoso actual. Para conjurar el peligro de que las plazas del nuevo Ejército no sean cubiertas, el PP propone desvirtuar el carácter, objetivos y composición sociológica de la policía democrática.

Construir vasos comunicantes entre el Ejército y la policía es, además, un grave error debido al peligro de endogamia que se producirá indefectiblemente entre los cuarteles y las comisarías. La reproducción en estas últimas de los modos y procedimientos de los primeros -legítimos siempre que se apliquen en sus propios ámbitos de actuación y de acuerdo con el orden constitucional- es una invitación innecesaria a conflictos potenciales y a confundir tareas y funciones que solamente desde una perspectiva muy superficial tienen puntos de contacto. Y viceversa, tampoco los cuarteles son idénticos a las comisarías.

Tampoco es muy afortunada la propuesta desde el punto de vista de las alianzas políticas del Gobierno. Sería una sorpresa que fuera bien recibida por los Gobiernos autónomos. No tiene fácil explicación el que el, Grupo Popular enrarezca, con otro caso, la atmósfera política con CIU y PNV, sus socios en el Congreso, con una recomendación tan lejana a la sensibilidad de ambas fuerzas nacionalistas. No está el horno de las alianzas para más bollos.

El documento del Partido Popular sobre el Ejército profesional es una demostración del poco tacto con que el Ejecutivo y su partido han afrontado desde el inicio el problema del servicio militar y su sustitución por un Ejército voluntario. El Ministerio de Defensa cometió un error de oportunidad al anunciar con excesiva antelación el fin de la mili obligatoria. Ello ha dado pie a un crecimiento exponencial de la objeción de conciencia, como por fin reconoce claramente la propuesta en cuestión. Erró también con la infausta idea de recuperar la figura de los excedentes de cupo. Y el siguiente error -no hay dos sin tres- fue el no menos infausto sorteo para designar a tales excedentes. El Gobierno permanece también atascado en el problema crónico, de graves consecuencias sociales, que supone el carecer de puestos y destinos para la prestación social sustitutoria de más de 100.000 jóvenes.

Si el Ejecutivo asume ahora la propuesta de su partido de convertir la policía en una opción segura para militares profesionales de corta trayectoria en el Ejército, simplemente habrá acumulado a los fallos anteriores un dislate absurdamente contrario a las exigencias de una sociedad compleja y democrática.