El Gobierno aprueba la nueva ley que permite privatizar las TV autonómicas
La concesión del servicio será por 10 años prorrogables
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer el proyecto de ley reguladora de las televisiones autonómicas que permite la entrada del capital privado en las cadenas autonómicas. El proyecto transfiere la titularidad de los canales del Estado a las comunidades y limita a dos el número de cadenas analógicas que podrá explotar cada autonomía, siempre que el espectro radiológico lo admita. La medida supondrá la multiplicación de un sector cuya deuda acumulada ronda los 80.000 millones de pesetas.
La futura ley deja en manos de las comunidades la elección del modelo de gestión de las cadenas, bien directamente por la Administración o indirectamente por sociedades anónimas mediante concesiones administrativas. Asimismo recoge la posibilidad del funcionamiento de canales autonómicos con tecnología digital terrestre en la forma que contemple el Plan Nacional de Televisión Terrenal Digital y sus planes técnicos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Gobierno en un plazo no superior a los 10 meses desde la entrada en vigor de esta ley.El proyecto de ley establece que las entidades prestadoras del servicio, cuyo otorgamiento llevará en cada caso aparejada la correspondiente concesión del dominio redaioléctrico, podrán establecer su propia red o contratar el servicio de transporte y difusión de señales con cualquier entidad que disponga de título habilitante para prestarlo ortorgado por el Ministerio de Fomento.
La concesión del servicio será por 10 años prorrogables y los canales autonómicos no podrán forma parte de una cadena de televisión, aunque sí compartir el 25% de la programación. El proyecto de ley implica la modificación del Estatuto de RTVE de 1980 y la derogación de la Ley del Tercer Canal de 1983.
Promesa electoral
El Gobierno y el Partido Popular han justificado la iniciativa porque responde a un compromiso de su programa electoral y redundará en beneficio de los ciudadanos que no tendrán que financiar con el pago de sus impuestos las cadenas autonómicas.Sin embargo, el sector audiovisual español teme que la previsible multiplicación de cadenas -aparte de la posibilidad de que cada autonomía tenga dos canales propios, Asturias y Canarias ya han anunciado su interés en contar con los suyos- restrinja aún más la tarta publicitaria.
Tanto el PSOE como Izquierda Unida se han manifestado en contra del proyecto de ley. El diputado socialista Joaquín Leguina lo ha calificado como una "chapuza", que desequilibra el modelo audiovisual español y hace muy dfícil el consenso sobre uno nuevo. El PSOE ha advertido del riesgo de que el proyecto dé lugar al favoritismo político a escala regional. Las concesiones coincidirán con periodos electorales en la mayoría de las autonomías.
En opinión de la representante de IU, Inés Sabanés, el proyecto del Gobierno no obedece a la voluntad de enjugar el déficit de los canales autonómicos sino a un "proyecto ideológico" orientado a poner en pie un grupo multimedia del que no sería ajeno Telefónica.
