3.000 millones de agujero en los campus por las ayudas a familias numerosas

Susana Pérez de Pablos José Manuel Romero

Madrid - 20 dic 1997 - 00:00CET

Las seis universidades públicas madrileñas han dejado de ingresar en los dos últimos años 1.800 millones de pesetas por la rebaja de tasas universitarias que están obligadas a aplicar desde 1996 a las familias con tres hijos (hasta ese año, las exenciones sólo afectaban a las familias con cuatro hijos o más). En 1998 perderán otros 1.200 millones por el mismo concepto, ya que el Ministerio de Hacienda, que es quien debe abonar esas cantidades para que no se resienta la economía de los campus, tampoco ha incluido en sus presupuestos para 1998 la correspondiente partida. En total, el agujero que sufren las, universidades madrileñas asciende a 3.000 millones.Desde que se aplica la rebaja de tasas a la familias de tres hijos, la Comunidad incluye en sus presupuestos unos ingresos de 1.200 millones anuales, que, supuestamente, tienen que llegar de la Administración central. Pero el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, nunca ha visto los millones y, por tanto, nunca los ha podido enviar a las universidades.

"Hemos reclamado el dinero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", explica Beteta, "pero motivos presupuestarios han evitado que Hacienda nos pague. No renunciamos a cobrarlos algún día". Mientras tanto, las universidades tienen que sufrir el sobrecoste de la rebaja de tasas (un 50% de la matrícula) a unos 25.000 estudiantes que pertenecen a familias numerosas.

En 1996, la Comunidad adelantó 600 millones a las universidades a la espera de que llegase la aportación estatal. Pero ésta nunca llegó. El consejero de Hacienda no pierde la moral y sigue Incluyendo en sus presupuestos la ayuda estatal. "El PP aprueba partidas sin consignación presupuestaria", denuncia el senador socialista Jaime Lissavetzky, "y eso genera agujeros muy importantes en las universidades". Lissavetzky quiere que la Comunidad adelante el dinero hasta que pague el Estado.

El rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces Barba, protestó ayer en la cadena SER: "Las cosas van muy lentas en un tema tan importante como la recuperación del dinero que hemos dejado de recibir por las familias numerosas".

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Falta de confianza

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Los temores de la diputada socialista y la falta de confianza del PP acabaron con el proyecto de bono-residencia. Los 300 millones que se habían destinado a esta idea permitirán a la Comunidad concertar plazas en residencias privadas para, posteriormente, adjudicárselas a aquellos mayores cuyos ingresos superan los establecidos para acceder a un plaza pública pero son insuficientes para entrar en una residencia privada.La enmienda socialista al bono-residencia fue la de mayor calado que la oposición regional coló en el último debate de presupuestos celebrado ayer en la Asamblea de Madrid.

El Partido Popular aprobó en solitario las cuentas regionales para 1998, que preven un gasto de 809.000 millones de pesetas, un 6% más que este año.

Manuel Cobo, portavoz popular, y Antonio Beteta, consejero de Hacienda, se aplicaron en la tribuna en la defensa de unos presupuestos que, según vaticinaron, crearán 40.000 empleos, y aprovecharon su turno para descalificar algunas de las enmiendas presentadas por el grupo socialista. "Ustedes han presentado enmiendas para eliminar el Consejo Económico y Social y retirar la subvención al Consorcio de Realojo de la Población Marginal. Son inaceptables", señaló Cobo.

También querían los socialistas más dinero para otros distritos desfavorecidos del sur, además de Villaverde (que recibirá 3.000 millones de pesetas), pero el PP se negó y lo dejó para otros años.

A IU se le olvidó registrar la defensa de las suyas y tuvo que guardar silencio durante buena parte de la sesión, lo que no le impidió denunciar el rodillo que el PP ejerció durante toda la sesión para tumbar la mayoría de las enmiendas presentadas por la izquierda regional.

En el pleno matinal se aprobaron también otras dos leyes. La de tasas, que recibió el voto favorable de los tres grupos parlamentarios; y la de medidas fiscales y administrativas, entre las que se incluía la ayuda a las familias que tengan un hijo en 1998. En la declaración de la renta que hagan los futuros padres podrán descontar 25.000 pesetas.

Con esta medida, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón estrena las competencias normativas que le concede el nuevo modelo de financiación autonómica. El PSOE aprovechó dicho modelo para pedir a los dirigentes populares que aprueben una ley regional que grave más las grandes fortunas domiciliadas en la Comunidad de Madrid.

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