El entorno de ETA extiende sus amenazas en el País Vasco a 160 personas

Las amenazas lanzadas desde el entorno de ETA a ciudadanos del País Vasco han crecido significativamente en los últimos meses. La coordinadora pacifista Gesto por la Paz ha constatado en 1997 un incremento del 15% respecto al año anterior en el número de personas sometidas a la presión de las amenazas, "una forma de actuación indiscriminada" que actúa en el conjunto de la sociedad, señalan, "como un complemento necesario a la violencia ejercida por ETA". Según los datos recopilados por la comisión de Solidaridad con las Víctimas de la Violencia, organizada en el seno de la agrupación pacifista, 159 ciudadanos, entre ellos políticos, ertzainas, periodistas y funcionarios, han sufrido en los dos últimos años amenazas.

Llamadas telefónicas, pintadas, comunicaciones directas en la calle o el macabro envío de animales muertos a domicilio. Todo vale en el entorno etarra. Los destinatarios, según las cuentas de Gesto por la Paz, son 56 políticos, 25 civiles, 11 profesores de universidad, 10 funcionarios de prisiones, 9 jueces, fiscales o abogados, 8 testigos de juicios, 7 pacifistas, 7 periodistas y 7 agentes de la policía vasca.El contacto con los amenazados, que en ocasiones recurren a los grupos pacifistas en busca de apoyo, ha permitido determinar que esta manera de ejercer la violencia está fundamentalmente en manos de adolescentes y jóvenes. "Un número significativo de ellos ha sido utilizado, haciéndoles sentir que son fuertes, capaces de provocar miedo y enfrentarse a cualquiera, simplemente", añaden los portavoces de la Coordinadora, "porque se permiten utilizar la violencia desde la cobertura del grupo".

Los pacifistas entienden que las amenazas han encontrado apoyo "en la sobredimensionada información" que han transmitido sobre las amenazas y los actos violentos, en general, los medios de comunicación. Los datos difundidos por Gesto por la Paz señalan que en 1996 sufrieron amenazas 67 personas, la mayor parte de ellas residentes en Vizcaya y Guipúzcoa. En 1997, el número de personas sometidas a esta presión ha ascendido a 92.

Entre los 92 amenazados, 25, sin adscripción a grupos políticos o profesionales concretos, han sido elegidos por el entorno de ETA preferentemente por ser portadores del lazo azul que pedía la libertad de secuestrados por la banda terrorista o por participar asiduamente en las concentraciones pacifistas.

Extender el sufrimiento

La coordinadora aplicará los resultados de este estudio para abordar el problema de las personas amenazadas. Los pacifistas quieren responder con actuaciones que combinen el apoyo directo y el contacto personal con las denuncias públicas. En este sentido, en algunas zonas del País Vasco ya se han organizado comisiones de apoyo para "ampliar el ámbito de la solidaridad con quienes sufren amenazas".Los pacifistas, que han contado en su análisis con la colaboración de profesionales de la psicología y sociología, enmarcan la espiral creciente de amenazas en una estrategia que trata de reemplazar con ellas "la eficacia en la extensión del miedo y el terror que ETA pudiera haber perdido con otro tipo de actuaciones". Este análisis relaciona la situación creada con "la archiconocida consigna" de extender el sufrimiento y socializar el miedo.

Gesto por la Paz, partidaria del acercamiento generalizado y urgente de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, se ha dirigido a Instituciones Penitenciarias para solicitar el traslado de seis reclusos de la banda y de otro preso preventivo a cárceles cercanas a sus domicilios de origen por motivos de salud y familiares. En opinión de Gesto, el acercamiento a sus familiares y allegados sería muy positivo para Joseba Goikoetxea Munduate, Pedro Guridi Arocena, Mikel Vázquez de Luis, José María Beristain Urbieta, Francisco Javier Etxebarria González y Fernando Díez Torres, afectados por patologías crónicas de diferente gravedad.

También se reclama el acercamiento de Iñigo Otazua Urriesti, preso preventivo desde hace tres años y encarcelado en Alcalá por razones familiares, ya que su madre no está en condiciones físicas para visitar a su hijo. Gesto por la Paz considera que en estos casos particulares se dan "razones humanitarias elementales" que aconsejan el acercamiento.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, anunció ayer que estudiará la petición de acercamiento de siete presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, formulada ayer por Gesto por la Paz. En declaraciones hoy a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Mayor comentó que atenderá de forma especial esta petición por proceder de una asociación por la que siente "una especial admiración, porque desempeñan una labor muy importante en el País Vasco".

Política penitenciaria

El ministro reiteró que la política penitenciaria diseñada por su departamento no sufrirá ninguna modificación en función de de las actuaciones de ETA. "Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con la política penitenciaria, pero no va a estar condicionada por ETA. Eso lo tiene muy claro el Gobierno. No va a haber ninguna quiebra en nuestra política de individualización en función de una actuación determinada de ETA", enfatizó.El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, ha enviado en las últimas horas mensajes al ministro para que continúe con el acercamiento de los presos a pesar del reciente asesinado del concejal del PP José Luis Caso. No obstante, Atutxa sí cree que este atentado frustra cualquier posibilidad de diálogo con ERA. "En este momento", dijo ayer, "está cerrada a cal y canto cualquier vía de diálogo con ETA".

En declaraciones a Antena 3, Atutxa indicó que ahora son "impensables" unas negociaciones "porque las partes están enfrentadas", y apuntó que en un futuro el proceso para acabar con la violencia debería seguir pasos similares a los de Irlanda del Norte.