La futura ley de TV autonómicas multiplicará un sector con una deuda de 80.000 millones

El sector audiovisual español se prepara para una nueva conmoción. El anteproyecto de ley del Gobierno sobre las televisiones autonómicas -que irá al Consejo de Ministros del próximo viernes- permite que cada comunidad disponga de dos cadenas propias, así como, su privatización. La concesión del servicio será por 10 años prorrogables y los canales autonómicos no podrán formar parte de una cadena de televisión, aunque sí compartir el 25% de la programación. La previsible multiplicación de canales repercutirá en un sector que ya ha acumulado una deuda en torno a los 80.000 millones de pesetas, y cuyas concesiones coincidirán con periodos electorales en la mayoría de las autonomías.

El anteproyecto, que consta de 10 artículos y cuatro disposiciones transitorias, transfiere la titularidad del servicio del Estado a las comunidades autónomas y permite a éstas que opten por un modelo de gestión público, privado o mixto. Asimismo supone la modificación del Estatuto de RTVE de 1980 y la derogación de la Ley del Tercer Canal de 1983.En su artículo 4, el texto elaborado por Fomento se ocupa de los "principios inspiradores" de la prestación del servicio. Aquí el anteproyecto además de exigir el respeto a la Constitución, al pluralismo político, al honor e intimidad de las personas, la protección de la infancia y la promoción de la lengua de cada comunidad, desciende al detalle de reclamar Ia separación entre, informaciones y opiniones" y la "objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones". La Ley de Televisión Privada de 1988 se limitaba a este respecto a señalar en su artículo 9 "la necesidad de garantizar una expresión libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión".

Sin embargo, el anteproyecto entra en menos detalles en lo que se refiere al Régimen de Funcionamiento y Programación. Este artículo 5 consta de tres apartados en los que se establece que "las televisiones de cobertura territorial autonómica no podrán forma parte de una cadena de televisión", es decir, no podrá constituirse un consorcio de varias autonómicas a escala nacional. No obstante, se permite que las comunidades fijen Ias condiciones para la conexión televisiones autonómicas", con la condición de que no puedan emitir "Ia misma programación durante más del 25% del tiempo total de emisión semanal, aunque sea en horario diferente".

El tercer apartado está tomado de la controvertida ley del fútbol televisado y señala que las cadenas autonómicas "podrán adquirir derechos exclusivos sobre programas o retransmisiones de interés general, con la obligación de cesión de los mismos, en régimen de pública concurrencia, a todos los demás operadores.

El anteproyecto nada especifica sobre el porcentaje de producción propia o europea que deben emitir las cadenas autonómicas ni se imponen límites a los bloques de publicidad, al acogerse a lo que ordena la directiva comunitaria Televisión sin Fronteras.

En cuanto a las comunidades que opten por mantener el modelo de cadena pública, el anteproyecto, afirma que su financiación se llevará cabo a través de asignaciones presupuestarias, la comercialización y venta de sus productos y publicidad. Las autonomías que elijan un modelo de gestión privado deberán otorgar una concesión administrativa en concurso público a sociedades mercantiles que revistan la forma de sociedades anónimas y cuyas acciones sean nominativas.

El Ministerio de Fomento, según el texto del anteproyecto, mantiene una serie de funciones como "la reserva provisional de las frecuencias del dominio público radioeléctrico", "la aprobación del proyecto técnico", "el control e inspección de las instalaciones", "el otorgamiento de la concesión definitiva del dominio público radioeléctrico" y "la autorización previa a la puesta en funcionamiento de la estación radioeléctrica".

La inminente aprobación de este proyecto del Gobierno ha cogido por, sorpresa a parte del sector audiovisual español. Este teme que la multiplicación de cadenas -el anteproyecto posterga a la futura aprobación del Plan Nacional de Televisión Terrenal Digital el número de canales digitales que una comunidad podrá explotar- restrinja todavía más el pastel publicitario, máxime cuándo proliferan las televisiones locales aún sin regular. Fuentes del sector aseguran que la actual inversión publicitaria en televisión ronda los 220.000 millones de pesetas cuando se necesita el doble para garantizar la rentabilidad de las cadenas.

"Chapuza" o "ideología"

El socialista Joaquín Leguina no duda en calificar la iniciativa del Gobierno como una "chapuza" que desequilibra el modelo audiovisual actual y hace muy difícil el consenso sobre uno nuevo. Leguina no oculta su temor a que el proyecto dé lugar al favoritismo político.La diputada de IU Inés Sabanés opina que el proyecto del Gobierno no obedece a la voluntad de enjugar el déficit de los canales autonómicos sino a un "proyecto ideológico" orientado a poner en pie un grupo multimedia del que no sería ajeno Telefónica. Sabanés, que aclara que no está en contra de la privadas sino de que "se privatice lo público", considera que con la privatización de las autonómicas peligra "la exigencia de calidad de los contenidos" y "el control democrático de su gestión".

Telemadrid y Canal 9 se perfilan como las más proclives a la privatización. En la capital de España, PSOE e IU han denunciado que el Partido Popular ha "encarecido injustificadamente" Telemadrid -ha invertido 24.950 millones desde 1995-para ahora traspasarla a manos privadas. En Valencia, los socialistas han acusado ya al PP de "crear un entramado de empresas que puedan concurrir a la compra de Canal 9", en el que estaría implicado, según el PSOE, el ex director de Canal 9 Jesús Sánchez Carrascosa.