La mayoría de la cúpula fiscal cree que España no puede juzgar a las dictaduras argentina y chilena

Siete integrantes de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo se pronunciaron ayer en contra de la competencia de la Audiencia Nacional para instruir los procesos por desaparición de ciudadanos españoles bajo las dictaduras de Chile y Argentina. Otros cuatro se pronunciaron a favor y tres se abstuvieron. El fiscal del Estado se reservó su pronunciamiento definitivo hasta estudiar el acta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, elaboró un polémico documento en el que dice que las Juntas Militares pretendieron "una sustitución temporal del orden constitucional" hasta "subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz".

Los fiscales de Sala Eduardo Torres-Dulce, Juan Ortiz Úrculo, Rogelio Martínez, José María Íscar, José María Luzón y Rogelio Gómez Guillamón respaldaron la postura del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y se pronunciaron a favor de la falta de jurisdicción de la Audiencia Nacional. Votaron a favor de la competencia de la Audiencia Nacional los fiscales Juan José Martínez Zato, Carlos Jiménez Villarejo, Jesús Vicente Chamorro y José Alvarado. Los fiscales José Aparicio, José Aranda y Enrique Abad se abstuvieron, en parte por no tener documentación suficiente para emitir un pronunciamiento.La sesión fue tensa y comenzó con una negativa del fiscal general, Jesús Cardenal, a debatir los documentos sobre la competencia de la Audiencia Nacional sobre los implicados en la desaparición de españoles bajo las dictaduras chilena y argentina. El fiscal Rogelio Gómez Guillamón, de modo enérgico, dijo que debía definirse la posición de la Fiscalía General del Estado frente a la jurisdicción de los procedimientos de Argentina y Chile.

Varios miembros preguntaron por un informe con el membrete de la Administración de Justicia, pero sin firma. Cardenal explicó que era un informe preparado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según fuentes fiscales, a requerimiento del fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, el fiscal general atribuyó a Fungairiño la paternidad del documento, incluido en la documentación preparatoria de la reunión bajo el título Notas sobre la jurisdicción de los tribunales españoles.

Adalid de la incompetencia

Fungairiño se convirtió en el principal adalid de la incompetencia de la Audiencia Nacional en el asunto. Jiménez Villarejo dijo que el documento sin firma, enviado según Cardenal por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, era desafortunado, aludiendo a la cobertura implícita del golpe militar de marzo de 1976 en Argentina. Fungairiño no pronunció palabra sobre el informe. Insistió en que debían archivarse los asuntos. Jesús Vicente Chamorro puso de relieve las posiciones de Fungairiño en sus declaraciones a El Mercurio de Chile.El documento admite que lo ocurrido durante las dictaduras militares de Argentina y Chile fue un "aniquilamiento sistemático de sectores de población" mediante asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones y que fueron las Juntas las que los ordenaron. Sin embargo, cree que estos hechos no pueden ser considerados ni genocidio ni terrorismo.

Al explicar por qué esos delitos no pueden ser considerados terrorismo, Fungairiño afirma: "Es discutible que las Fuerzas Armadas Argentinas o Chilenas en un todo puedan ser consideradas como una banda armada; y en cuanto a que la finalidad del exterminio de la disidencia política fuera la subversión del orden constitucional, no cabe olvidar que las Juntas Militares no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido, mediante acta institucional que tenía por objeto, precisamente, subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública".

Estas afirmaciones fueron consideradas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como "incompatibles con el desempeño de un cargo público en una sociedad dernocrática". La UPF señaló que no es la primera vez que Fungairiño "hace pública demostración de su talante antidemocrático" y recordó que ya calificó de "bajada de pantalones" una decisión del Gobierno del Partido Popular de acercar presos de ETA a Euskadi. Esta asociación hizo responsable al Gobierno del nombramiento de Fungairiño, ya que el Consejo Fiscal no le dio ningún voto en las tres ocasiones en que solicitó su actual cargo.

Profundo desprecio

La Asociación Pro Derechos Humanos calificó la misma afirmación de "absolutamente inadmisible" por cuanto revela un "profundo desprecio hacia los Estados de Derecho" y pidió "el inmediato cese de Fungairiño".En el curso de la reunión, el jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, protestó por la entrevista entre Fungairiño y el embajador de Chile. Fungairiño replicó que en la entrevista no se había tratado el tema de la Junta Militar y que había sido un encuentro de "cortesía". Martínez Zato replicó que si el embajador chileno pretendía hacer una visita de cortesía debería haberla hecho al Fiscal del Estado y no al de la jurisdicción en la que se ventilan asuntos de su país.

En otro momento, Fungairiño protestó desabridamente porque se distribuyese una documentación elaborada por el fiscal Carlos Castresana con las razones de la UPF a favor de la competencia de la Audiencia Nacional. Fungairiño consideró "intolerable" la distribución del documento. "Cualquier día, nos van a dar un escrito de la Cofradía de Pescadores de Málaga", remachó.