El Gobierno ultima un proyecto de ley que permitirá privatizar los canales autonómicos

El ministerio de Fomento tiene muy avanzado un proyecto de ley que permitirá la privatización de las televisiones autonómicas así como la posibilidad de que cada comunidad disponga de dos canales si el espectro radiológico lo admite. Dicho proyecto será presentado al Parlamento a fines de este mes o el próximo enero. Como aperitivo de este proceso privatizador, el PP logró ayer con los votos de CiU, PN-V y Coalición Canaria que el Pleno del Congreso admitiera a trámite una proposición de ley de la Asamblea de Madrid que dejará entrar al capital privado en Telemadrid. PSOE e IU votaron en contra y acusaron al PP de confundir "libertad con mercado" y "sociedad civil con sociedad anónima".

El proyecto de ley sobre televisiones autonómicas que prepara el Gobierno prevé además que la titularidad del servicio deje de ser estatal para convertirse en autonómica y la posibilidad de funcionamiento de canales autonómicos con tecnología digital en la forma que contemple el Plan Nacional de Televisión Digital Terrestre, aún por desarrollar.Según la diputada popular Ana Mato, el objetivo del proyecto de ley es "conceder más competencias a las comunidades autónomas, de forma que puedan elegir entre un modelo de televisión privado, público o mixto". Mato agregó que muy probablemente esta iniciativa del Gobierno y la proposición de ley de la Asamblea de Madrid se tramiten juntas.

La proposición que posibilitará la privatización de Telemadrid fue aprobada por mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid en marzo de 1996 y su admisión a trámite recibió ayer en el Congreso 167 votos a favor frente a 147 en contra. Ana Mato defendió el voto de su grupo con tres argumentos básicos: se trata de un compromiso electoral del PP, la legislación vigente sobre los canales autonómicos ha quedado obsoleta ante el avance de las nuevas tecnologías y la entrada de capital privado en Telemadrid supondrá un menor coste para los madrileños vía impuestos.

Actualmente el canal madrileño tiene una deuda acumulada que ronda los 32.000 millones de pesetas, su presupuesto alcanza los 14.000 millones sin contar 3.000 millones de gastos financieros y los ingresos por publicidad sólo cubren unos 7.000 millones.

Sin embargo, ni estas cifras ni las razones de Mato convencieron a la izquierda. La diputada de IU Inés Sabanés señaló que no se debatía una proposición "para mejorar el servicio de las televisiones autonómicas sino puramente ideológica" y que con ella el PP altera "el concepto esencial de servicio público" de estos canales. Sabanés aprovechó su turno para lanzar dos dardos contra los nacionalistas catalanes y vascos y el Gobierno. A los primeros les preguntó: "¿Van a apoyar un modelo para Telemadrid que no van a seguir en sus comunidades autónomas?"; y al segundo le manifestó su sospecha de si esta nueva privatización "no va a servir para la consolidación del grupo multimedia en el que está involucrada Telefónica".

Por su parte, el diputado socialista Joaquín Leguina calificó la proposición de "barbaridad" y "disparate" y acusó al PP de "pervertir el lenguaje al confundir libertad con mercado y sociedad civil con sociedad anónima". Leguina hizo hincapié en que esta iniciativa es "jurídicamente impresentable", ya que exige a las Cortes Generales "cambiar de un plumazo tres leyes -el estatuto de RTVE de 1980, la ley del tercer canal de 1983 y la ley de televisión privada de 1988- para hacerle el favor a Ruiz Gallardón (presidente madrileño) de privatizar Telemadrid".

El diputado socialista subrayó que "una televisión pública no es una mercancía cualquiera sino un servicio público que forma parte del Estado del Bienestar", que debe garantizar el pluralismo y estar sometida a control democrático, aspectos que no tiene por qué respetar una televisión privada. Leguina concluyó asegurando que la privatización consiste en "ceder lo público a manos privadas" y se preguntó si "Telemadrid no acabará en manos de Telefónica".

El representante de CiU, Josep López de Lerma, justificó su voto a favor de la proposición por su tradicional apoyo a las "iniciativas suscritas por las comunidades autónomas, y ésta la han votado los representantes de los madrileños" y porque "aumenta la potestad competencial" de las autonomías.

Para el senador socialista Jaime Lissaveztky, con esta proposición Ios madrileños pasan a la segunda división de las comunidades autónomas", que a partir de ahora "subvencionarán a un operador privado de televisión". Por su parte, CC OO y UGT de Madrid condenaron la posible privatización.