Los papeles cambiados

El momento más tenso de la celebración del 18º aniversario del Ejército Nacional (EN) de Nicaragua, el pasado uno de septiembre, fue cuando llegó la hora de escuchar los himnos. Al acto asistían el jefe del EN, Joaquín Cuadra, y el presidente de la República, Arnoldo Alemán. Primero sonó el de Nicaragua: no hay problemas; todos lo escuchan con la mano derecha junto al corazón. Le toca luego el turno al himno del Ejército: la cara de Alemán empieza a transformarse, y hay un cruce de miradas. Lo que está escuchando es el himno del Ejército Popular Sandinista (EPS). Por si faltaba algo, el general Cuadra ataca en su discurso al neoliberalismo y se queja de que los programas de ajuste impuestos por los organismos internacionales "están engendrando mayor pobreza y, por lo tanto, violencia social".Esa anécdota, que alimentó las primeras páginas de los diarios nacionales al día siguiente, pone en evidencia la paradójica situación de Nicaragua. Un Gobierno de derechas, pero un ejército de izquierdas heredero del EPS, creado tras el derrocamiento de la dinastía Somoza el 19 de julio de 1979.

Los sectores más duros del Gobierno conservador de Alemán acusan al EN de insubordinación y no descartan el fantasma de la rebelión. Cuadra ha dicho en innumerables ocasiones que ese fantasma no existe y el propio Alemán reconocía recientemente que durante su mandato "se está consolidando la subordinación de los militares al poder civil".

Hasta principios de los noventa, el jefe del Ejército fue Humberto Ortega, hermano del ex presidente Daniel Ortega y uno de los principales dirigentes sandinistas. Salió de la institución al mismo tiempo que varias decenas de miles de soldados durante el proceso de desmovilización comprometido en los acuerdos de paz firmados con la Resistencia Nicaragüense (conocida como Contra). Ortega se fue, pero los principales mandos del nuevo Ejército Nacional y los oficiales medios seguían siendo de origen sandinista.

Joaquín Cuadra lo es; el jefe del Estado Mayor, general Javier Carrión, también. Llegó el momento de construir una democracia y el Ejército asumió su parte bajo la mirada recelosa de los políticos de centro y derecha. La desmovilización tuvo un alto coste económico y social. Los oficiales que aceptaron el retiro recibieron importantes lotes de tierras rurales y urbanas, y los soldados recibieron promesas que, al no cumplirse, los animaron a tomar las armas de nuevo.

De hecho, esta semana, siete años después de este proceso, se acaba de firmar el acuerdo de paz con un grupo de ex militares sandinistas (el Frente Unido Andrés Castro). Los políticos de la derecha, que regresaron al país tras las primeras elecciones democráticas de 1990, ven por todos lados el sello sandinista. Les preocupan las declaraciones de Cuadra, su popularidad (la última encuesta nacional lo sitúa como segundo personaje más popular, detrás de la expresidenta Violeta Chamorro, y por encima de Alemán o de Daniel Ortega) y su poder económico.

El inmenso Ejército de guerra que existió en Nicaragua durante la guerra con la Contra es ahora una institución pequeña en cuanto al número de efectivos (unos 12.000), pero gigante en su poder político y económico. Quizá por eso, Alemán vio al principio de su mandato la necesidad de controlarlo de cerca. Trató de hacerlo mediante una ley que determinara el reparto de poder entre el Ministerio de Defensa y el alto mando militar. Se destapó el proyecto de ley y surgieron los problemas. La intención era que el Gobierno controlara el presupuesto del Ejército (hasta ahora al margen del control parlamentario o del Ejecutivo). El debate fue tan acalorado que ahora el proyecto duerme el sueño de los justos a la espera de que se alcance un consenso.

El recelo mutuo a los controles no es más que el reflejo de la profunda división que sufre Nicaragua entre sandinistas y no sandinistas.

El EN no es la única institución que lleva el sello sandinista y, por tanto, está bajo sospecha permanente. El actual Gobierno se encontró con que todas las fuerzas de seguridad del Estado, e incluso otras instituciones como los bomberos, eran herederas directas del sandinismo. La Policía Nacional, y con ella su máximo responsable, Franco Montealegre, tiene que pasar una prueba cada día. Sus principales mandos también lo fueron durante la revolución y ahora se les exigen actos de fe que demuestren su fidelidad al poder civil. Ahora la policía está mejor vista. Superó con nota dos pruebas de fuego. La primera, el pasado mes de abril, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) convocó un paro nacional.

Las carreteras quedaron cortadas y las barricadas se levantaban en múltiples puntos del país. El Gobierno reaccionó con prudencia en las primeras horas. Los más críticos dijeron que no era prudencia, sino miedo a que la policía no acatara órdenes. Finalmente, la fuerza de seguridad sacó sus antimotines a la calle y actuó con dureza.

Peor fue en mayo. Los estudiantes universitarios salieron a la calle en unas manifestaciones con altas dosis de violencia que fueron respondidas con gases lacrimógenos por la policía. Pero ni eso sirvió para eliminar la sospecha. Los malpensados, llegaron a decir que la policía reaccionó con tanta dureza para provocar un conflicto y desestabilizar al Gobierno.