La UE acuerda abrir a la competencia un tercio del mercado del gas en 10 años

Los ministros europeos de Energía alcanzaron ayer un acuerdo político para liberalizar el mercado del gas. Todos los países, miembros de la Unión Europea deberán abrir de forma inmediata el 20% el mercado, una cifra que aumentará al 28% en cinco años para llegar al 33% a los 10 años de entrada en vigor de la directiva. El texto pactado ayer deberá ahora recibir el visto bueno del Parlamento Europeo. Los objetivos fijados para la primera fase se sitúan por debajo de los que ya cumpleEspaña.

El secretario de Estado para la Energía, Nemesio Fernández Cuesta, que participó en la reunión del consejo de ministros en representación del titular de Industria y Energía, Josep Piqué, se declaró muy satisfecho por la nueva directiva. La satisfacción de Fernández Cuesta no se debe tanto a los objetivos de apertura del mercado pactados, que se sitúan por debajo de los que se ha fijado el Gobierno español, cuanto porque "era importante tener un marco de referencia" que acompañara al proceso de liberalización en España.[La apertura de mercados que ha iniciado la Unión Europea afectará en España a las tres empresas que se disputan el mercado del gas: Repsol, la compañía que preside Alfonso Cortina; Gas Natural, dirigida por Antoni Brufau, y Cepsa, que preside Carlos Pérez de Bricio. La eléctrica Endesa, presidida por Rodolfo Martín Villa, también tiene intereses en el sector y apuesta decididamente por participar más aún en el futuro].

Ayer, Fernández Cuesta señaló en Bruselas que aunque el acuerdo final sitúa el porcentaje de apertura inicial un poco por debajo del 23% propuesto por la presidencia luxemburguesa de la Unión y por la Comisión Europea, la cifra acordada del 20% está bastante por encima del 15% que ponía como límite Francia, el país más conservador en esta materia debido a que sus compañías eléctricas se basan mucho más en las centrales nucleares que en el gas para generar electricidad.

En la primera fase de la liberalización podrán ser clientes elegibles -es decir, podrán comprar gas directamente- las empresas con un consumo anual superior a los 25 millones de metros cúbicos. Ese umbral se reducirá en la segunda fase a 15 millones de metros cúbicos y en la tercera a cinco millones de metros cúbicos.

Los países que tienen ya un grado de apertura superior al acordado ayer podrán elevar esos mínimos de consumo para cerrar su mercado, aunque en ningún caso el porcentaje de apertura podrá ser inferior al 30% en la primera fase, el 38% en la segunda y el 43% en la tercera.

Nemesio Fernández Cuesta anunció ayer mismo que España renunciará a aplicar esa cláusula de protección, pese a que si el Gobierno aprueba el proyecto de ley de Hidrocarburos el mercado español quedará abierto casi en un 40% si se incluye a las compañías eléctricas. En todo caso admitió que la reducción de precios en España será escasa "porque estamos ya en la zona baja de precios", aseguró, "a diferencia de lo que ocurre con el mercado eléctrico".

Zonas protegidas

El secretario de Estado de Energía se declaró satisfecho con la fórmula finalmente aceptada por los ministros europeos para proteger las llamadas zonas emergentes, es decir, aquellas en las que no ha penetrado todavía el gas o su presencia es débil. La directiva aprobada ayer renuncia a publicar un listado con las regiones que se encuentran en esas condiciones, pero permite que un Gobierno autorice durante 10 años la existencia de un único gasoducto en esas zonas, previa autorización de la Comisión Europea.Fernández Cuesta adelantó que ése será el caso del gasoducto de la Ruta de la Plata, que llevará el gas desde Almendralejo (Extremadura) hasta Asturias. Pero se negó a decir qué otras regiones podrían beneficiarse con una protección semejante.

La autorización de un solo gasoducto durante 10 años permitirá a la empresa interesada en su construcción asegurarse la rentabilidad de la inversión realizada, aunque la sociedad estará obligada a transportar el gas de todos los distribuidores previo pago de un canon que se será establecido por la Administración española.

Así se garantiza el atractivo de la inversión inicial y se evita que el mantenimiento de un monopolio de forma indefinida desaliente la instalación en esa región de compañías que quieran nutrirse de gas natural y que podrían elegir zonas con un mercado más desarrollado para asegurarse el acceso al suministro a precios más competitivos.