Minas: los siguientes pasos

La solemne firma en Ottawa de la convención que prohíbe el empleo y producción de minas antipersonales culmina una etapa trascendental del llamado proceso de Ottawa, iniciado hace poco más de un año, y por el que un Gobierno (el canadiense) decidió ponerse al servicio de una causa cívica, la prohibición de las minas, impulsada desde 1992 por una coalición internacional de ONG. Culmina sólo una etapa, y no la totalidad del proceso, porque son muchas las cosas que restan aún por hacer en este tema y en lo que gira a su alrededor. Las declaraciones efectuadas por Joddy Williams, coordinadora general de la campana, en el momento de recibir la noticia de que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, así lo atestiguan.A la convención le faltan todavía muchas firmas, algunas de ellas muy significativas, por tratarse de países productores o que utilizan minas en cantidades importantes. Después de Ottawa, por tanto el siguiente paso será ampliar el número de países firmantes, ya sea por propio convencimiento o por presión externa. Paralelamente, y en un proceso que durará décadas, urge multiplicar los recursos económicos, humanos y técnicos para avanzar en el desminado, con generosidad por parte de todos y, por qué no, aplicando también el principio de "quien ha minado, que pague lo que le corresponde".

Pero las minas no van solas. Hay otros artefactos de efectos similares, como las bombas de racimo, las bombas aire-combustible (también llamadas bombas de mezcla carburante), que por su efecto indiscriminado causan males superfluos o sufrimientos innecesarios, lo que está expresamente prohibido por el artículo 35 del Primer Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra. En Estados Unidos y en varios países europeos, las ONG de las minas están batallando también por este aspecto. No en vano, las ONG que impulsan la campaña en España solicitaron y lograron, sin ningún otro voto en contra, que el pleno del Congreso del pasado 25 de febrero acordara que la futura ley que prohíba las minas incluya también "las bombas de racimo y armas de efectos similares", aunque existe la sospecha de que el Gobierno quiere retirar ese párrafo de la futura ley. La convención de las minas, sin embargo, será letra muerta si la opinión pública no tiene garantías de comprobar que efectivamente no se fabrican ni exportan dichos artefactos. Esta exigencia topa con una práctica muy extendida de secretismo respecto al comercio de armamentos. Por ello, las ONG de las minas y varios centros de investigación sobre paz exigen al mismo tiempo dos medidas elementales para terminar con la situación actual de secretismo y descontrol del comercio armamentista: la transparencia en los datos, dando publicidad periódica de los productos exportados y de los países compradores, y el control parlamentario previo a las exportaciones, especialmente las dirigidas a países con un mal historial de derechos humanos, con problemas de militarización o envueltos en conflicto. Otro pleno del Congreso, del mes de marzo, también comprometió al Gobierno a avanzar en este campo, como resultado de una campaña impulsada por varias ONG españolas, y que ahora está siendo imitada en varios países europeos. La forma más efectiva para avanzar en este aspecto es apoyar el Código de Conducta sobre las exportaciones que están proponiendo muchas ONG y varios premios Nobel de la Paz, y que ampliaría y detallaría el significado de los ocho criterios comunes que en 1991 y 1992 ya estableció la Unión Europea sobre las exportaciones de armamento. El Gobierno español se ha comprometido a incorporar en la legislación española y "desarrollar" los ocho criterios mencionados, pero no se ha comprometido a introducir el código, a diferencia de Gobiernos como el del Reino Unido, Alemania, Suecia, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda, y quizá Francia en un próximo futuro.

Citar a estos países, junto a Canadá y algún otro, es particularmente oportuno en estos momentos, para mostrar un nuevo estilo de hacer política surgido a raíz de la campaña internacional de las minas. Si bien esta campaña ha sido impulsada y protagonizada por las ONG, su éxito quizá no habría sido tal de no haber conseguido la complicidad de muchos medios de comunicación y de un grupo de "países amigos", cuyos ministerios de Exteriores han decidido trabajar codo a codo con dichas organizaciones, invitándolas constantemente a producir documentos y a participar en reuniones y seminarios. En estos momentos está ocurriendo algo similar respecto a la agenda de "los siguientes pasos" que he mencionado, y las ONG son consultadas y escuchadas en las cancillerías y en los Parlamentos de varios países. Quienes han tenido estas experiencias lamentan

profundamente que España sea también la excepción, y que, a pesar de su buena predisposición a cooperar, los centros y las ONG españoles que trabajan estos temas aquí sólo sean realmente atendidos por algunos parlamentarios, pero raramente por el Gobierno, que no sabe entender las ventajas de promover y cooperar con esta nueva y eficaz diplomacia civil sobre desarme.