Mala medicina

TRAS UN periodo de globos sonda, confusión y desmentidos ficticios, el Gobierno parece decidido a retirar entre 500 y 1.000 medicamentos de las listas de la Seguridad Social con el fin de ahorrar 60.000 millones de pesetas y hacer frente a las nuevas exigencias financieras de la sanidad pública en 1998. El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá el próximo jueves para decidir sobre el método elegido por el Gobierno para reducir el gasto sanitario. Mientras, se multiplican las reacciones políticas adversas en tomo a la propuesta gubemamental, algunas de ellas más de forma que de fondo.Casi nadie discute que reducir el gasto farmacéutico sea una de las tareas imprescindibles para consolidar un gasto público más equilibrado. Entre 1990 y 1996, el gasto de la Seguridad Social en medicinas prácticamente se ha duplicado, hasta alcanzar 810.000 millones de pesetas. La exclusión de ciertos medicamentos -lo que el PP bautizó con el término de medicamentazo cuando lo puso en práctica el Gobierno socialista- es uno de los sistemas posibles para racionalizar el gasto sanitario, pero, sobre todo, para eliminar las medicinas obsoletas o con bajo valor terapéutico.

Lo que no está claro es que sea el sistema idóneo para ahorrar de manera inmediata 60.000 millones de pesetas. Las experiencias de retirada de fármacos pagados por la Seguridad Social demuestran que los medicamentos eliminados terminan siendo sustituidos por otros más caros; de forma que la factura farmacéutica aumenta. Pensar que el medicamentazo conseguirá rebajar el gasto público en medicinas es un error, pero no porque disminuya la protección social para los ciudadanos españoles, sino simplemente porque las mismas terapias costarán más caras, a la Seguridad Social.

Resulta sorprendente que el PP, que criticó con brutal demagogia el experimento de recorte de medicamentos cuando lo practicaron los socialistas en el Gobierno, tropiece ahora en la misma piedra. Sobre todo cuando tiene a mano un procedimiento más efectivo para reducir el gasto farmacéutico, como es la comercialización de productos genéricos -sin marca, pero con el mismo principio activo-, que este Gobierno parece haber olvidado, quizá porque las presiones de los laboratorios son más duras que las de los consumidores. De forma irresponsable, la comercialización de genéricos, prevista en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos vigentes, se ha retrasado más de nueve meses. Están ahora aprobados 11 productos y, vista la escasa diligencia con que se tramita la posibilidad de venta al público, el proyecto del Ministerio de Sanidad de aprobar entre 80 y 100 nuevos productos antes de terminar el año parece una ficción.

No se entiende tampoco que en la negociación con el sector farmacéutico el Gobierno solamente haya conseguido reducciones de un 20% como máximo en el precio de los genéricos, cuando en otros países las rebajas oscilan entre un 30% y un 50%. El argumento utilizado por Sanidad de que los precios farmacéuticos en España son los más baratos de Europa podría tenerse en cuenta si, al mismo tiempo, no fuese España uno de los países donde es más elevado el gasto público en este capítulo.

La gestión política del medicamentazo tampoco es un acierto, y ha provocado protestas de sindicatos y otros grupos, aunque algunas autonomías se vean ahora en la necesidad de aceptarlo so pena de quedar perjudicadas. El Ejecutivo ha conseguido dar la penosa impresión de que se está intentado ahorrar en el gasto farmacéutico de los pensionistas simplemente para financiar la deuda sanitaria de la Generalitat catalana, lo que no es precisamente un modelo: las modificaciones se han de negociar con todas las comunidades.

1 Si lo que el Gobierno pretende es reducir el gasto, la aplicación de precios de referencia fundamentados en los productos genéricos y las listas públicas con el valor terapéutico de los productos y con su relación calidad precio son, sin duda, procedimientos más adecuados. Pero si insiste en el medicamentazo, al menos cabe exigirle que la definición de los productos excluidos se haga con total transparencia. También cabría exigir coherencia en sus mensajes; porque el Ministerio de Sanidad asegura que conseguirá una reducción en el coste de unos 60.000 millones antes de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera decida qué marcas serán las excluidas. La lógica de tal anticipación resulta difícil de encontrar.