Aznar rechaza aplicar en España el acuerdo de la UE sobre parados jóvenes y de larga duración

A los parados europeos se les abre una vía de esperanza. Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se comprometieron ayer a ofrecerles la reinserción laboral o formativa, especialmente a los jóvenes menores de 25 años y a los desempleados de larga duración, dentro de un plazo de cinco años. Pero hay una excepción: los parados españoles no gozarán de las,mismas ventajas. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se opuso a estos compromisos. Logró para España una cláusula de exclusión (opting-out), similar a la que consiguió el Reino Unido para el euro.

Contra una larga historia de fracasos y de malos augurios, los líderes europeos trazaron ayer el esbozo de una política comunitaria de empleo plena. Acordaron algunos objetivos, políticas activas y un método de vigilancia para controlar, su cumplimiento.El resultado fue posible gracias al canciller alemán, Helmut Kohl quien declinó usar su peso político para bloquear los acuerdos. Enmendando la plana a su ministro de Economía, Theo Waigel -feroz opositor a los objetivos cuantificados comunes- dio su visto bueno a casi todo. "Alemania se apunta al baile", celebraron los franceses, principales impulsores de la cumbre y de la Europa social. Aznar, el otro gran reticente, se quedó sin paraguas, solo.

Los acuerdos más tangibles abren una vía de esperanza. Los Quince se comprometieron a hacer "lo necesario" para insertar a los jóvenes con seis meses de paro y a los sin empleo desde hace más de un año al mercado laboral, directamente o a través de formación profesional, reciclaje, prácticas o actividades similares.

Pero el Gobierno español se oponía a este acuerdo por ser dificil y costoso para España, por su alta tasa de paro y su escaso nivel formativo. Por eso, el primer ministro portugués Antonio Guterres propuso, tras mediar con Madrid, una suavización: estos compromisos deberían cumplirse "en un plazo fijado por cada uno de ellos Pos Estados], que no podrá ser superior a cinco años".

Aznar argumentó que España ha elevado en 1997 la subvención de las políticas activas para jóvenes y parados de larga duración en un 34%. "Sería un gran problema porque deberíamos incrementar el gasto en un 200% para cumplir el objetivo en cinco años". También se preguntó qué significa "ofrecer un empleo" a un joven, concluyendo que "España no podría prometer un trabajo a quien lleve seis meses desempleado".Le respondió el presidente de turno, el luxemburgués Jean Claude Juncker, tranquilizándole de que no pretendía "ofrecer empleos a los jóvenes en el sector público". Le apoyaron a éste el danés Poul Rasmussen y Kohl, quien dio "gran importancia a este párrafo". Juncker buscó nuevas fórmulas intermedias, que toparon con el obstat español. Al final, Kohl, queriendo "ayudar a España", regaló a Aznar un opting-out emponzoñado, pues lo usarán sindicatos y oposición: el plazo de cinco años obligará a todos, pero este plazo podrá ser más largo en los Estados miembros con desempleo especialmente elevado".

Nadie más anunció su voluntad de acogerse a la excepción. Alemania "no puede", según un funcionario de Bonn, pues su tasa de paro del 9% en 1996 es inferior al 10,9% de la UE. Finlandia tiene el 15,7%, pero lo rehusó. Otra rebaja, menor: Kohl logró suavizar el objetivo de otorgar formación profesional al 25% de los trabajadores, reduciéndolo a un mínimo del 20%.

Sanciones morales

Tan decísivo es el método para vigilar el cumplimiento de las medidas comunes. Éstas se cuantificarán cada año en los planes de cada país, con una perspectiva plurianual. Quien incumpla sus objetivos se arriesga a sufrir, en el examen común anual, sanciones morales, en forma de las "recomendaciones" previstas en el reciente Tratado de Amsterdam.Este método se inspira, en "el seguido para la convergencia económica", se concluyó. Con ello se lograba reequilibrar, como insistió el primer ministro francés, Lionel Jospin, la Europa monetaria y la social. Eso sí, "salvadas las distancias" que existen entre el proyecto del euro y el de una política de empleo, y también "entre las situaciones particulares de cada uno de los Estados miembros".