La cita de Luxemburgo y el tiempo de trabajo

Dicen que no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero nada hay menos práctico que una mala. A la hora de teorizar sobre la creación de empleo, el papel lo resiste todo. Pero el trabajo no es de papel. Se trata de crear empleo, no en abstracto, sino en una sociedad determinada, con unos problemas determinados y desde unas circunstancias determinadas. España, como se sabe, arrastra, desde hace más de 15 años, dramáticas peculiaridades en cuanto al empleo, si se comparan con la media de los demás países de la Unión Europea. La reorganización y distribución del tiempo de trabajo es un factor a tener en cuenta en las políticas de empleo; pero no es el único ni tiene por qué abordarse de la misma manera en cada uno de los Estados.El modelo español de creación de empleo se concreta en cuatro líneas básicas. La primera se ciñe a la defensa de un sistema económico competitivo que quiere mantener el modelo social europeo. Esta defensa necesita una política general y coordinada de todo el Gobierno. No hay una política de empleo separada de la política general. Por ello, todo el Gobierno ha cumplido los compromisos macroeconómicos que se derivan del programa de convergencia en la creencia de que esta política económica es la única capaz de crear empleo en España. Sus resultados están a la vista.

En segundo lugar, el Gobierno está decidido, y así lo está haciendo, a afrontar las reformas estructurales necesarias de modo que una mayor flexibilidad y la defensa de, la competencia permitan aprovechar las ventajas de nuestra integración en la Europa de la moneda única y, con ello, servir al objetivo de conseguir más y mejores puestos de trabajo. España apuesta por completar el mercado interior y se compromete con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas como vehículos imprescindibles para la creación de empleo.

Tercero. El Gobierno, para que el marco general que favorece la creación de empleo se concrete, está convencido de la necesidad de avanzar en la consolidación de un nuevo esquema de política específica de empleo y de relaciones laborales. Es preciso incrementar la proporción de políticas activas frente a las pasivas, incentivar a los desempleados para la búsqueda de empleo, reducir los costes no salariales del trabajo, favorecer la estabilidad de las contrataciones, remodelar el Servicio Público de Empleo, potenciar el prestigio y permanencia de la formación a lo largo de toda la vida y atender a los colectivos más desfavorecidos en el mercado de trabajo.

Por último, el Gobierno español ha defendido y defiende el diálogo social de las organizaciones empresariales y sindicales porque en una sociedad moderna es inconcebible que se puedan aplicar políticas de empleo con vocación de estabilidad y profundidad sin. el acuerdo de los agentes sociales. Contra el despotismo social -supuestamente ilustrado-, que impone su proyecto -supuestamente benéfico- a los protagonistas de la creación de empleo, este Gobierno ha hecho del diálogo social y de la búsqueda de acuerdos uno de los pilares de su política de empleo. Gobernar para la sociedad es gobernar con la sociedad.

Los resultados de este modelo pueden considerarse todavía insuficientes, pero en modo alguno despreciables. Han descendido la inflación, el déficit y los tipos de interés. Se han afrontado reformas estructurales. En el segundo trimestre de 1997 (EPA) se ha alcanzado. el nivel más alto de ocupación desde 1982. A finales de este año, está previsto un crecimiento del empleo de u frente al 0,5% del conjunto de la UE. Se ha reducido el desempleo en 170.900 personas sobre 1996 (EPA). Desde junio a octubre se han suscrito 674.000 contratos más que en el mismo periodo de 1996. La contratación indefinida ha experimentado en, 1997 crecimientos superiores al 180% respecto a los dos años anteriores, dos terceras partes de la misma han tenido lugar en las pequeñas y medianas empresas y el 60% de estos contratos han recaído en personas menores de 30 años, uno de los colectivos más desfavorecidos.

Este modelo también tiene en cuenta el tiempo de trabajo en su política de empleo y así afronta la desincentivación de las horas extraordinarias, no necesarias, facilita la extensión de la contratación a tiempo parcial de modo que se tengan mejor en cuenta necesidades personales, familiares y profesionales e invita al diálogo social sobre la reorganización y distribución del tiempo de trabajo.

Nadie duda de la utilidad del debate sobre la reorganización del tiempo de trabajo.

Los partidarios de la reducción generalizada y centralizada de la jornada de trabajo aseguran que tal medida producirá automáticamente un incremento del nivel de empleo. Pero tal reducción, sobre todo si sus efectos reales recaen exclusivamente sobre las empresas, acentuará el coste del factor trabajo sobre el conjunto de los costes empresariales y puede originar nuevos desplazamientos de la inversión empresarial hacia la adquisición de nuevas tecnologías sustitutorias de empleo.

Entre los defensores de esta reducción es frecuente encontrar una actitud que llamaré de "desesperación ante la tecnología". Según esta tesis, las nuevas tecnologías conducen al fin del trabajo, por lo que es preciso reducirlo y repartirlo. El debate no. es nuevo. En la polémica de Marx con Malthus acerca de la Aplicación de la ley de rendimientos decrecientes al desarrollo demográfico y la producción agrícola, Marx ya arguyó que la tecnología debía ser considerada un factor de progreso a medio y largo plazo.

Es cierto que en épocas de intenso cambio tecnológico como la que vivimos, la introducción acelerada de nuevos sistemas automáticos e informáticos produce alteraciones importantes en el mercado de trabajo hasta que éste se adapta a las transformaciones. Pero no parece prudente afirmar, sin más, y sobre todo sin la perspectiva temporal adecuada, que estamos inmersos en un apocalipsis del empleo que sólo es posible combatir con la reducción o el reparto del trabajo.

Por otra parte, la reducción generalizada y centralizada del tiempo de trabajo tiene dos consecuencias inmediatas que deben ponderarse con moderación. Si el coste de la reducción recae sobre las empresas, el descenso de la competitividad nacional será inevitable, a menos que aquéllas opten por sustituir trabajo por capital. En ambos casos, a pocos meses de la Europa de la moneda única y en el horizonte de la pérdida del instrumento del tipo de cambio para el ajuste de la economía y la recuperación de la competitividad, es más que probable que los ajustes se realizarán sobre el empleo.

Si el coste de la reducción recayera directa e íntegramente sobre los salarios, disminuiría pioporcionalmente el poder adquisitivo y la capacidad de consumo de los trabajadores, afectando a los proyectos de vida de una gran parte de la población que tiene comprometidos sus ingresos en la adquisición de bienes a plazo. La experiencia indica que en estos casos se dispara la realización de horas extras, y se alienta la búsqueda de empleos complementarios para. mantener el, nivel de renta.

Por último, me referiré a una reducción generalizada del tiempo de trabajo si ésta se efectúa por imperativo legal. Es evidente que una medida de tal naturaleza entraría en contradicción con las orientaciones europeas que defienden la autonomía de las partes en la negociación colectiva y acarrearía importantes problemas organizativos a numerosas empresas. Resulta sorprendente que, en momentos en que las organizaciones empresariales y sindicales solicitan la no injerencia de los Gobiernos en las mesas bipartitas de negociación, pudiera demandarse, en este caso, lo contrario.

El Gobierno español defiende, pues, un modelo de creación de empleo que tiene en cuenta la necesidad de articular un marco macroeconómico estable y flexible dentro del, programa de convergencia y que propicia un nuevo esquema de relaciones laborales en un proceso de diálogo social. En este proceso, que está proporcionando buenos resultados para el crecimiento del empleo en España, la reorganización y distribución del tiempo de trabajo es también un elemento a tener en cuenta, pero ni es el único ni tiene por qué adoptar la misma fisonomía que en otros países de la Unión.