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Cuatro gobiernos autónomos se unen contra Aguirre para que retire el plan de humanidades

La ministra cree "un éxito" la postura de País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias

El plan de humanidades de Esperanza Aguirre, que la semana pasada fue rechazado en el Congreso por todos los grupos parlamentarios menos el PP, ha tropezado con otro importante escollo: un manifiesto conjunto de siete puntos suscrito por los gobiernos del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias. En él se hace una firme defensa de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y, a pesar de que se comparte con la ministra la preocupación por las humanidades, "aun cuando sea de forma general", se le solicita "rotundamente" que retire su proyecto y no ponga en marcha ninguna otra medida hasta disponer de "una evaluación rigurosa" del actual sistema educativo.

El documento fue elaborado en Bilbao la noche del martes, en una reunión a la que asistieron los consejeros de Educación de Cataluña, Xavier Hernández (CiU); Andalucía, Manuel Pezzi (PSOE), y Canarias, José Mendoza (Coalición Canaria), además del anfitrión, Inaxio Oliveri (Eusko Alkartasuna). Son los representantes de todos los gobiernos con plenas competencias educativas que no pertenecen al Partido Popular.La reacción de Aguirre tras este duro comunicado contra su proyecto fue la siguiente: "Me encuentro enormemente satisfecha por que estos cuatro consejeros reconozcan que es necesario revisar, reformar y mejorar la enseñanza de las humanidades en nuestro país. Eso es un éxito rotundo". Y añadió: "Lo que quiero es que se supere el debate político y se pase de las musas al teatro, y que las comunidades digan qué es lo que les gusta y lo que no del proyecto que el Gobierno ha presentado, y aporten sugerencias, porque no tenemos el monopolio de la verdad y de la razón".

El plan de humanidades consta de varias fases: educación secundaria obligatoria (ESO, 12-16 años), bachillerato (16-18) y primaria (6-16). El futuro real decreto de contenidos mínimos comunes para los alumnos de secundaria obligatoria en todas las comunidades se refiere a los programas de Geografía e Historia, y de Lengua y Literatura.

El documento de los consejeros consta de siete puntos en los que, con otra articulación, se expresan estas posiciones:

Retirada del texto. "Los consejeros reunidos compartimos el rechazo a la propuesta del ministerio y solicitamos rotundamente la retirada del proyecto de real decreto presentado".

Preocupación compartida. "Compartimos, aun cuando sea de forma general, la preocupación del ministerio por esta cuestión".

Diagnóstico real. El tratamiento integral de las humanidades en el sistema educativo debe hacerse con un "procedimiento lógico": partiendo de "un diagnóstico de la situación en cada comunidad autónoma y en el propio territorio MEC [las 10 comunidades sin competencias] sobre la base de una evaluación rigurosa de los resultados obtenidos a partir de la aplicación" de la LOGSE. Sólo entonces "procederá explorar las medidas o alternativas que, en su caso, pudieran implementarse" (instrumentarse).

LOGSE. Los firmantes expresan su compromiso con el "desarrollo e implantación" de la LOGSE, en cuyo "marco de objetivos y procedimientos" debe plantearse la situación de la enseñanza de las humanidades. Su reforma debe someterse a "los fundamentos conceptuales, educativos y didácticos que inspiran la LOGSE, y particularmente a las características del alumnado", como receptor de "los objetivos, contenidos y procedimientos" de los programas.

Consenso. Se considera "el diálogo y la búsqueda de consenso como elementos básicos e irrenunciables de las actuaciones en el mundo educativo". "El sistema educativo es particularmente sensible a los cambios sociales, Y su adaptación a nuevas situaciones requiere de procesos pausados, serenos y acordados al máximo".

Competencias. Al implantar las iniciativas educativas se debe "garantizar el respeto a las competencias propias de las comunidades autónomas".

Nacionalidades. "La concepción plurinacional y pluricultural, reconocida en la Constitución" debe ser el punto de partida de cualquier reforma.

La ministra de Educación y Cultura ha expresado públicamente en reiteradas ocasiones que no dará marcha atrás en la aprobación del real decreto, si bien está dispuesta a retocarlo.

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