Negligencia total

HAY ACCIDENTES que son menos casuales que escandalosos. Entre ellos hay que incluir sin duda el reventón de un depósito de agua en Melilla que causó nueve muertos y al menos 41 heridos el lunes. Existe la fatalidad, que muchas veces sólo cabe lamentar. Pero, por desgracia, en nuestro país la fatalidad parece sistemáticamente incentivada por la chapuza, por la falta de previsión y por la mera insensatez.El depósito de Melilla era nuevo y había sido revisado. Se habían detectado en el mismo grietas y filtraciones en una inspección, según han reconocido las autoridades. Y, sin embargo, fatalmente para las nueve personas que perdieron la vida y los otros muchos heridos, nadie hizo nada, nadie dijo nada. O por lo menos no se hizo lo necesario.

Al parecer, el año pasado, se acometieron algunos parcheados, pero no se desistió de llenar el depósito hasta el límite de su capacidad, pese a los evidentes riesgos. Esto es perfectamente intolerable. Un accidente tan evitable como éste no puede producirse en un país que se considera no ya medianamente desarrollado, sino parte del mundo moderno.

Por eso, una vez pasado el luto por las víctimas mortales y ayudados todos aquellos que hayan sufrido daños de cualquier tipo, han de exigirse responsabilidades por este desastre insoportablemente tercermundista. La previsión ante el peligro es el perfecto baremo del desarrollo de una sociedad. Cuando en España tenemos que lamentar la pérdida de nueve vidas por tan increíble negligencia, todos tenemos que avergonzarnos. Pero además tenemos que demandar medidas para que esto no se repita. Y para ello lo primero es exigir que respondan los responsables de este desafuero. Por lo pronto, convendría que el presidente de la ciudad, Ignacio Velázquez, dejara de comportarse como un turista en plaza ajena. Melilla puede estar lejos de Madrid, pero sucesos así son absolutamente intolerables en cualquier punto de nuestro territorio si realmente queremos considerarnos parte de una región del mundo que tiene como máxima prioridad la protección de sus ciudadanos y por tanto la prevención de los peligros que les puedan acechar.