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Economía reconoce que había un principio de acuerdo con CiU

Luis R. Aizpeolea

Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda daban ayer por hecho, poco antes de que Pujol rectificara, un principio de acuerdo con la Generalitat catalana sobre el modo de ahorrar en fármacos, uno de los últimos escollos en la negociación sobre la manera de conseguir los 165.000 millones de pesetas necesarios para la financiación adicional de la sanidad pública en España.El Gobierno recurre al medicamentazo, la exclusión de determinados fármacos de la lista de los costeados por la Seguridad Social, para ahorrar, según sus cálculos, 60.000 millones. Fuentes de Economía corroboraron que ese ahorro consiste en dar de baja de la lista de los medicamentos gratuitos a los llamados "genéricos" o medicamentos de uso masivo, y aquellos fármacos que no tienen propiedades curativas.

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Con este teórico principio de acuerdo con la Generalitat, el Gobierno pretendía contar con una triple vía de financiación de esos 165.000 millones que necesita la sanidad: 60.000 de ahorro en fármacos; 50.000 por la vía de la lucha contra el fraude de la incapacidad laboral transitoria, y 55.000 por un fondo dé financiación adicional, aún no determinado pero en el que se englobaría un aumento de los impuestos especiales.

El preacuerdo que fuentes del Gobierno llegaron a anunciar ayer requeriría, en todo caso, el espaldarazo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, organismo mixto compuesto por representantes del Ejecutivo y de las comunidades autónomas.

El presunto pacto, roto anoche por Pujol, se habría alcanzado contrarreloj en los dos últimos días, ante la perspectiva de que el 1 de diciembre el Consejo debería zanjar el asunto. En esa fecha ini-ciará la Cámara alta el debate de los Presupuestos de 1998, y es en el Senado donde, vía enmiendas, se formalizaría esta contribución especial de 165.000 millones.

El Gobierno busca cerrar así el compromiso más importante que tiene pendiente con Convergencia i Unió (CiU) desde el pacto de gobernabilidad de 1996, que permitió a José María Aznar investirse presidente del Gobierno.

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Promesas electorales

Para llegar a este punto el Gobierno del PP ha tenido que rescatar ahora los mismos argumentos que utilizó el PSOE en 1993 para defender la virtualidad del medicamentazo sobre 740 fármacos. El problema para el PP es que entonces, cuando estaba en la oposición, criticaba esas razones ferozmente y entendía que eran indispensables medicamentos que ahora ve ineficaces.El PP prometió incluso, a través de relevantes dirigentes, que el decreto aprobado por los socialistas sería derogado cuando los conservadores accedieran al Ejecutivo. Así se plasmó en el documento de conclusiones del congreso sanitario montado por el PP en noviembre de 1994. Lo consideraban un impuesto sobre la salud. Esa promesa la recordaron incluso en la campaña electoral de 1996 que condujo a José María Aznar a La Moncloa.

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