Pujol negociará con la dirección del PP en Madrid el voto de los conservadores a la ley del catalán

El Gobierno de Jordi Pujol negociará directamente con la dirección del PP en Madrid el voto de los diputados conservadores en el Parlament a la ley del catalán. El presidente de la Generalitat ha adoptado esta decisión, según fuentes nacionalistas, después de comprobar la aparente irreductibilidad del PP catalán en su oposición a los aspectos básicos de la futura ley, cimentados en un pacto bilateral suscrito la semana pasada por CiU con los socialistas. Así lo ha comunicado Pujol durante los últimos días a miembros de su Gobierno e incluso a representantes del PSC. Una vez asumido que el PP no apoyará la nueva ley, CiU pretende conseguir que al menos se abstenga a la hora de votarla.

El PP anunció ayer que el debate parlamentario será "muy duro", aunque declinó precisar si votará en contra o se abstendrá. Los conservadores no tienen una opinión única al respecto. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Jorge Fernández Díaz, ha defendido la abstención al menos en una reunión de la dirección del PP catalán, mientras que el ex presidente del partido Aleix Vidal-Quadras aboga por el voto en contra.El acuerdo lingüístico entre CiU y el PSC, cuyas respectivas fuerzas suman el 70% del Parlament, ha venido a subrayar el rechazo de los dos extremos de la Cámara en materia nacional -el PP y ERC- a la futura ley. A juicio de los conservadores, la nueva normativa avasallará los derechos de los castellanohablantes. En opinión de los independentistas, perpetuará la situación de precariedad de la lengua catalana.

Al PP catalán, no obstante, el pacto rubricado el sábado pasado por Jordi Pujol y Narcís Serra le ha brindado la oportunidad de presentarse como el paladín de la lengua castellana en Cataluña y de utilizar el debate lingüístico para tratar de arrebatar votos, principalmente al PSC, en las áreas de predominio castellanohablante. El líder del PP en el Parlament, Josep Curto, fue contundente ayer al vaticinar que el debate sobre la ley del catalán será "muy duro" y resultará "ingrato para algunos, pero muy cómodo para el PP". Curto acusó a CiU y al PSC de menospreciar el trabajo de la ponencia conjunta que elaboró la proposición de ley del catalán y sugirió que su partido no dará cuartel ni a los nacionalistas ni a los socialistas.

Fuentes de la dirección del PP señalaron que animarán las protestas de la sociedad civil contra "las sanciones, cuotas e imposiciones lingüísticas".

257 enmiendas

Los grupos parlamentarios catalanes han presentado 257 enmiendas a la proposición de ley del catalán, 31 de ellas compartidas al pie de la letra por CiU y el PSC, fruto del acuerdo de la semana pasada. En 1983, la Ley de Normalización Lingüística -que fue aprobada por unanimidad- recibió 252 enmiendas, aunque su extensión fue significativamente menor que la de su inminente sucesora.Tanto CiU como el PSC se declararon ayer dispuestos a integrar a los demás grupos en su acuerdo bilateral durante el trámite parlamentario restante, que concluirá con la aprobación de la ley previsiblemente antes de fin de año. Con ese objetivo, ambas formaciones se declararon dispuestas a aceptar enmiendas de los demás grupos para rehacer el consenso lingüístico perdido. No obstante, ni CiU ni el PSC apoyarán enmiendas de terceros que no cuenten con el visto bueno de los dos grupos mayoritarios.

CiU espera poder integrar en el consenso a los independentistas. Iniciativa per Catalunya, por su parte, calificó ayer de "operación de distracción" el pacto PSC-CiU, pero reafirmó su voluntad de trabajar por el consenso.

El pacto CiU-PSC mantiene la inclusión de sanciones para las infracciones de la nueva ley del catalán -las empresas de servicios públicos han de suministrar la información prioritariamente en catalán y, dentro de cinco años, los comercios deberán tener "al menos en catalán la rotulación no onomástica-, aunque precisa que ningún ciudadano a título individual podrá ser castigado por ello. Sólo podrán ser sancionadas las empresas y los funcionarios, en caso de reincidencia. También estipula cuotas de programación en catalán en las emisoras de radio y televisión cuya concesión corresponda a la Generalitat.

Además de las 31 enmiendas compartidas con el PSC, CiU ha presentado cinco propias. Dos de éstas flexibilizarán las exigencias sobre el etiquetado en catalán para evitar que la colisión con las normas de la Unión Europea.