Ante la cumbre iberoamericana: la prensa, acosada

No hay libertad sin libertad de prensa, ni ésta sin la de los periodistas para informar. Y esas libertades se ven hoy amenazadas en diversos países hispánicos de la comunidad iberoamericana.Lo muestran esos seis periodistas asesinados este año: tres en México, dos en Colombia y uno en Argentina en el ejercicio de su misión (en otros tres casos de periodistas asesinados, uno en Colombia y dos en Guatemala, a Reporteros sin Fronteras no nos consta que lo fueran por sus actividades profesionales), y esos cuatro encarcelados, dos en Cuba y dos en Perú.

Los asesinatos, que la organización empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) eleva a 11, son otras tantas puntas sangrientas del iceberg de atentados contra periodistas. Atentados, generalmente impunes, en forma de agresiones, torturas, "desapariciones", secuestros y asesinatos por bandas paralelas de policías corruptos, militares demasiado generosamente amnistiados, narcotraficantes conniventes con los poderes públicos y matones a sueldo de caciques o políticos locales. Pero también tolerados o alentados por los propios Gobiernos de países en los que se presiona, amenaza, acosa, maltrata, detiene, expulsa o encarcela a periodistas molestos. Y cada vez que se asesina, encarcela o amordaza a un periodista se está acallando la voz, cegando los ojos y taponando los oídos de miles de personas.

Como telón de fondo, en algunos países latinoamericanos siguen vigentes leyes procedentes de las dictaduras militares, en otros se estudian proyectos de ley restrictivos del secreto profesional, se amenaza con códigos deontológicos o se procesa a periodistas bajo la amplia capa penal de injurias y calumnias.

La SIP acaba de alertar contra un Proyecto de Derecho a la Información Veraz que, respaldado por Argentina y España, presentará a la VII cumbre iberoamericana el presidente venezolano Rafael Caldera. Este proyecto, según la SIP, responde a una "tentación totalitaria" de acallar las denuncias de corrupción.

En Reporteros sin Fronteras denunciamos especialmente los últimos atentados y amenazas contra periodistas y, de ahí, contra la libertad de prensa en:

Argentina, donde todavía no se ha esclarecido el asesinato de José Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista Noticias, que había denunciado casos de corrupción. El 4 de octubre, Delfo Rodríguez, jefe gráfico del diario Los Andes de Mendoza, fue detenido, esposado y encerrado durante seis horas por policías que le acusaban de particirpar en manifestaciones bajoel lema: "No olvidemos a Cabezas" y le "recordaron" lo ocurrido a su colega.

Colombia, donde la lista negra de periodistas asesinados impunemente por el narcotráfico se engrosaba el 20 de marzo con el nombre de Gerardo Bedoya, editoriade Cali El País, que propugnaba la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos. Dos días antes, el reportero gráfico Fredy Ellis había sido hallado muerto de dos, balazos en su coche.

Cuba, donde continúa el acoso a los periodistas que intentan ejercer su profesión en agencias independientes: 25, sometidos a interrogatorios o amenazados por la policía desde el 1 de enero; 10, víctimas de agresiones, y 12, detenidos más de dos días. Lorenzo Páez, del Buró de Prensa Independiente, fue condenado el 10 de julio a 18 meses de prisión, que sigue cumpliendo, por "difamación contra la policía". Héctor Peraza, director adjunto de la agencia Habana Press, fue puesto en libertad el 23 de septiembre tras haber pasado 91 días en la cárcel sin juicio. El final del proceso suele ser el exilio forzado, por el que han optado ya cuatro periodistas: Yndamiro Restano (en 1995) y, en 1997, Rafael Solano, Roxana Valdivia y Héctor Peraza.

México se ha convertido en el país latinoamericano donde más peligroso es el ejercicio del periodismo. En los primeros siete meses del año, los asesinatos de tres periodistas se han añadido a las cada vez más numerosas intimidaciones policiales, agresiones y detenciones, que marcan un deterioro progresivo de la libertad de prensa. Los tres profesionales asesinados investigaban asuntos de narcotráfico (caso de Benjamín Flores, director del Diario La Prensa, de Sonora, asesinado el 15 de julio); corrupción de altos funcionarios (caso de Jesús Bueno, asesinado el 22 de mayo en el Estado de Guerrero); o policial (caso de Víctor Hernández, asesinado en México el 26 de julio, a la salida de una comisaría de policía). Siguen sin esclarecerse cinco de los seis asesinatos de periodistas cometidos en 1995.

Panamá, donde se ha intentado expulsar del país, al amparo de la caducidad de su permiso de trabajo, al periodista peruano Gustavo Gorriti, director adjunto del diario La Prensa y premio Rey de España, que había investigado varios asuntos de corrupción "molestos" para el Gobierno y el propio presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, entre ellos la posible contribución del narcotráfico a su campaña electoral.

Perú, donde, pese a haberse suprimido los arbitrarios "tribunales sin rostro", dos periodistas "juzgados" por aquellos jueces invisibles siguen en prisión: Hermes Rivera, de Radio Oriental, condenado a 20 años de cárcel, y Ernesto Llosa, del semanario El Casmeño, condenado a cinco años, ambos por supuesto "terrorisino". También en Perú, Baruch Iver, de origen israelí y accionista mayoritario de la cadena de televisión Frecuencia Latina/ Canal 2, crítica desde hacía meses hacia el poder, se vió privado de su nacionalidad peruana.

En España, espejo, hoy algo empañado, en que se miran los países no de la comunidad hispánica, muchos periodistas ven peligrar su vida por las amenazas del entorno de ETA, que los señala con el dedo en el gatillo, y su libertad de informar por el intervencionismo del Gobierno en los medios de comunicación, paralelo a la campaña de acoso "digital" (desautorizada por la Unión Europea y por la Audiencia Nacional en sus frentes legislativo y judicial) contra los directivos del grupo multimedia PRISA, cuyo derribo o neutralización reforzarían el control gubernamental del panorama informativo.

RsF pide a los jefes de Estado iberoamericanos reunidos en isla Margarita que garanticen en sus países el respeto de la libertad de prensa y el fin de la impunidad de los asesinos y agresores de periodistas.