Italia aprueba un medidor de riqueza para cribar las prestaciones sociales

En un país como Italia donde los defraudadores al fisco o a la Seguridad Social derrochan imaginación, el Gobierno está obligado a responder con las mismas armas en su lucha contra la picaresca. La última e innovadora idea para frenar los excesos de los ciudadanos -y recortar de paso el gasto social-, aprobada hace unos días por el Consejo de Ministros se llama popularmente ricómetro. Es decir, un medidor de riqueza que contendrá, traducidos a puntos, los datos económicos de su portador.

El objetivo fundamental del ricómetro es limitar el acceso a las prestaciones sanitarias gratuitas y a otras ventajas del Estado de Bienestar a aquéllos que resulten demasiado ricos. Una comisión se encargará de precisar ahora -el nuevo sistema no entrará en vigor hasta el 1 de julio- la relación entre ,"puntos" y prestaciones. La idea que inspira a los funcionarios que deberán fijar estos baremos, es la de reservar a los que verdaderamente lo necesitan el uso de los servicios sociales previstos para ellos, especialmente en el terreno de la sanidad.En síntesis, lo que se le exigirá al ciudadano que desee obtener una pensión mínima, o utilizar la Sanidad pública gratuita -los italianos están obligados a pagar una cantidad variable por el uso de los servicios sanitarios-, o llevar a su hijo a una guardería estatal, es que presente ante las autoridades competentes esta nueva tarjeta social.

Rentas del titular

En ella constarán todas las rentas del titular, las declaradas a Hacienda más las rentas exentas (por ejemplo, becas de estudios, pensiones de guerra, etcétera). Además deberá incluir el patrimonio inmobiliario -o en caso de no tenerlo, tendrá que detallar el alquiler de su vivienda- y las acciones, títulos del Estado o depósitos a su nombre.Todos estos datos económicos se sumarán para calcular el total que se reducirá después en base al número de miembros de la familia. Para evitar penalizar a los pequeños ahorradores, el cálculo que se haga aceptará una exención de unos 80 o 90 millones de liras.

El ciudadano deberá precisar estos datos en un módulo que le será entregado en la Unidad Sanitaria Local (USL) o en los centros de asistencia fiscal.

La idea del ricómetro tiene un punto débil esencial: será el propio ciudadano la fuente suministradora de los datos sobre el estado de su patrimonio. Las posibilidades de fraude son obvias, por ello, el Gobierno de Romano Prodi ha tomado una precaución especial, obligar al declarante a incluir una autorización para que las autoridades puedan acceder a su cuenta bancaria.

Una parte de la sociedad italiana -las clases medias que intuyen ya que su nivel de rentas hará saltar el ricómetro- ha reaccionado con furia a esta nueva medida, aplaudida, sin embargo, por los sindicatos. "Protegerá a los más débiles", declaraba recientemente el secretario general de la principal central italiana, CGIL, Sergio Cofferatti. Los defraudadores crónicos tienen de aquí a julio para repasar el tema y encontrar los verdaderos puntos débiles desde los que asaltar al ricómetro.