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Ana Mato (PP) no se arrepiente de haber comparado a Sogecable con el fraude de PSV

El PSOE pide al Gobierno que aclare quién encargó el informe que originó la causa

El archivo parcial de las principales acusaciones del caso Sogecable despertó ayer reacciones opuestas en las filas del PP. La diputada Ana Mato, portavoz de telecomunicaciones, dijo no arrepentirse de haber comparado dicho caso con el fraude de la cooperativa PSV y explicó que lo hizo en su día porque políticamente era "adecuado". Otros dirigentes populares procuraron, sin embargo, desvincular al Ejecutivo de la causa contra Sogecable. "Nunca hemos estado interesados ni directa ni indirectamente" en este caso, subrayó el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes. Desde el PSOE se apremió al Gobierno para que aclare por "pudor" quién encargó el informe que dio origen al caso.

Ana Mato no rectificó ayer sus declaraciones del pasado 12 de marzo, pronunciadas doce días después de que se notificaran las acusaciones a Sogecable, ahora archivadas. Entonces afirmó que esa empresa había hecho "uso indebido" de los depósitos de los abonados de Canal + y comparó la gravedad del asunto con el fraude de la cooperativa ugetista PSV. Mato no rectifica esa aseveración y tampoco se arrepiente del tono agresivo usado.En declaraciones a la cadena SER, Mato dijo que comparó el. fraude de la PSV y el caso Sogecable porque existían tres similitudes entre ambos: "Había una apropiación indebida, se afectaba a los intereses de los ciudadanos y eran asuntos que se encontraban en los tribunales". Si bien admitió que no podría sostener esa equiparación en estos momentos, ya que el juez ha estimado que no existe apropiación indebida, Mato entiende que en absoluto debe rectificar. "No me tengo que retractar. No podría repetirlo, pero no porque haya cambiado de opinión, sino porque ya no hay presunción de delito", afirmó.

Ana Mato sí mostró su "alegría", no obstante, porque la Audiencia Nacional haya archivado las principales imputaciones del caso Sogecable. La diputada aclaró ayer: "Obviamente, respeto todas las decisiones judiciales y de la misma forma también ésta con la que se han archivado parte de las presuntas conductas delictivas. Espero que las que quedan pendientes también se esclarezcan cuanto antes ante el juez, para que se sepa definitivamente toda la verdad".

Preguntada sobre el testimonio de Gerardo Ortega, presidente del Colegio de Economistas de Madrid, quien desveló ante el juez que el informe que originó la querella contra Sogecable fue encargado por un secretario de Estado, Mato aseguró que no hay ninguna prueba de ello. "Y si eso fuera verdad, yo lo criticaría", agregó.

La diputada popular explicó que le merecen total credibilidad las manifestaciones del vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, quien negó la existencia del informe. "El vicepresidente ha dicho que no y yo le creo", dijo Mato, y reiteró que le gustaría que se probase que no hubo encargo de informe alguno por parte del Gobierno, ya que, en su opinión, el Ejecutivo no debe entrar en asuntos como éste.

Otros relevantes políticos del PP trataron también ayer de desligar al partido y al Gobierno de cualquier relación con el caso Sogecable. Así, el portavoz popular en el Congreso, Luis de Grandes, expresó su respeto por la decisión de la Audiencia Nacional y apostilló: "Nunca hemos estado interesados ni directa ni indirectamente en ese caso; todo lo contrario que el PSOE, para el cual ese fue tenia central de su vida política".

De Grandes arremetió contra el secretario general de los socialistas, Joaquín Almunia, y se preguntó si PRISA "estará en la lista negra que le ha entregado [Almunia] al presidente del Poder Judicial", en la reunión que ambos mantuvieron el pasado lunes y en la que el líder socialista se quejó de presiones "poco confesables" sobre la justicia.

Por su parte, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, expresó su "satisfacción personal" por el hecho de que "una de las grandes empresas de comunicación en España (PRISA) no se vea envuelta en un escándalo". El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Andrés Ollero, fue aún más allá: "Es un caso que al PP le interesa igual que cualquier otro, o sea, nada; y nos hemos ido enterando por el periódico y, la verdad, tampoco mucho, porque no nos interesa".

Desde las filas socialistas, su portavoz en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, pidió al Gobierno que "por pudor" aclare quien encargó el informe que dió lugar a la acusación. "Uno debiera recomendar, especialmente a los portavoces del Gobierno, se llamen Michavila -en referencia al secretario de Estado mencionado- o de cualquier otra manera que, además de criticar, tengan el pudor de reconocer que todavía no se sabe quién fue el secretario de Estado que encargó el informe por el que se inició una instrucción absolutamente tormentosa e irregular".

Rosa Aguilar, en nombre de IU, se limitó a mostrar su respeto por las resoluciones judiciales y aseguró que cuando la justicia "con independencia" constata que no existen delitos, es un motivo para alegrarse.

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