La resistencia de los trabajadores autónomos italianos pone en peligro la 'reforma Prodi' del Estado de bienestar

Las patronales del comercio y del artesanado, representantes de un colectivo de seis millones de trabajadores autónomos italianos, han puesto el veto a la reforma del Estado de bienestar firmada el sábado pasado por el Gobierno de centro-izquierda y los tres principales sindicatos del país. Las reticencias de los dirigentes de Confcommercio y Confartesanado, que ayer rompieron las negociaciones para reanudarlas a última hora de la tarde, obligaron a retrasar a hoy el Consejo de Ministros que deberá aprobar un acuerdo, calificado de "histórico" por el primer ministro italiano, Romano Prodi.

La incertidumbre sigue planeando ahora sobre el acuerdo de todos los Santos, tal y como es conocido por la fecha en la que finalmente se firmó, el 1 de noviembre, tras cinco meses de negociaciones y una crisis de Gobierno. El acuerdo supondrá un ahorro de 4,1 billones de liras (369.000 millones de pesetas) en el capítulo del gasto social en la Ley de Presupuestos de 1998. Una suma menor de la prevista, pero considerada suficiente para colocar a Italia en el grupo de cabeza de los países que adoptarán el euro en 1999.

Jubilación de funcionarios

Sin embargo, el pacto no se extiende a todos los trabajadores. Los autónomos, aquellos que realizan un trabajo por cuenta propia, han roto la baraja. La razón es sencilla. En realidad, el Gobierno pretende obtener una parte sustancial del ahorro, (1,1 billón de liras) en el capítulo social elevando en cuatro puntos, en el plazo de tres anos, las contribuciones a la seguridad social de- los empleados autónomos. Éstos habían expresado rotundamente ya su negativa, tanto a esta medida como al retraso hasta los 58 años de la edad mínima para alcanzar la jubilación.Además de los autónomos, la lista de agraviados incluye a los funcionarios, unos 4 millones de trabajadores de los 20 millones que constituyen la población activa italiana. La reforma da un paso de gigante en la equiparación de las condiciones de jubilación de funcionarios públicos y trabajadores privados, que serán las mismas en el año 2007. En todos los casos, a partir del año que viene, no habrá jubilación anticipada para el que no haya cubierto al menos 35 años de cotizaciones a la Seguridad Social. Hasta ahora, a los funcionarios se les exigían 20 años.

El Ejecutivo ha bloqueado durante tres meses a partir de ahora (a los que se añaden los tres meses de bloqueo ya previstos por el propio acuerdo) las peticiones de jubilación anticipada. Según cálculos de la prensa italiana la medida afecta a unos 100.000 trabajadores que ya estaban decididos a abandonar sus puestos de trabajo.

Aparte de los damnificados por el nuevo sistema de jubilaciones anticipadas que a partir del año próximo irá aumentando en un año el requisito de edad mínima, desde los 53 actuales a los 57 en el año 2002, son muchas las voces contra el acuerdo.

La coalición de oposición, el Polo de las Libertades, considera netamente insuficiente el resultado de tan larga negociación, mientras a la patronal Confindustria no le salen las cuentas y teme que para ahorrar 4,1 billones de liras que se incluyen en los Presupuestos de 1998, el Gobierno tenga que subir los impuestos.

'Plan Dini'

Una de las voces más críticas a la reforma ha partido del propio Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores, Lamberto Dini, inspirador de la reforma Dini de 1995, se lamentaba en unas declaraciones al diario La Repubblica de ayer de que las medidas adoptadas "golpean a los jubilados medios". Dini se refería, sobre todo, a la congelación de los aumentos previstos en las pensiones que se sitúan en torno a los tres millones y medio de liras mensuales netas (unas 300.000 pesetas) ahora, para acceder a la edad mínima de jubilación.