El Parlamento, incluidos CiU y CC, empuja al PP a vincular el padrón con la financiación autonómica

La presión de la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos CiU y Coalición Canaria (CC), ha empujado al PP a aceptar un texto que vincula la aprobación del nuevo padrón, el de 1996, con la financiación de los ayuntamientos y de las autonomías. Éste último extremo, negado reiteradamente por el Gobierno, ha sido asumido por toda la Cámara, incluido el PP, a través de una proposición no de ley en la que también se exige al Ejecutivo la urgente aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de dicho padrón. Previsiblemente, lo aprobará mañana el Consejo de Ministros.

La fórmula, respaldada por unanimidad, insta al Gobierno a que apruebe y publique las cifras resultantes de la última renovación del padrón "que tenga los efectos pertinentes en la participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado y en la financiación de las autonomías".

El padrón de 1996 ha originando múltiples situaciones rocambolescas. La última se produjo en el Congreso a última hora del martes, con motivo del debate de la proposición no de ley presentada por el diputado del PSOE Alfonso Perales, en la que instaba al Gobierno a la publicación del padrón y pedía que tuviera efectos tanto en la financiación de los ayuntamientos como en la de las autonomías. El PP, inicialmente, se oponía.

"Control descontrolado"

La actitud de CiU y de CC, aliados nacionalistas del Gobierno, cambió las tomas. Sorprendió el tono contundente que empleó contra el Gobierno la diputada de CiU Carme Gil, al señalar que "probablemente lo que ha habido ha sido una información errónea, un control perfectamente descontrolado de la información, el desconcierto, un cierto sentimiento de culpa, un hacerla y no enmendarla, el yo me rompo pero no me doblo". Se refería a la confusión originada por el Gobierno en las instituciones, entre ellas el propio Instituto Nacional de Estadística (INE), al haber dado como aprobado el padrón de 1996 en la referencia del Consejo de Ministros del 11 de julio y haberlo negado tres meses después.La diputada de CiU insistió en la trascendencia de la variable población para "la financiación de las administraciones locales, y de su importancia por su repercusión también global en el gasto sanitario público y particularmente en su distribución territorial". Gil afirmó que votaría la proposición no de ley del PSOE si aceptaba la negociación con el PP, que había presentado una enmienda.

También el diputado de CC Luis Mardones pidió desde la tribuna que se exigiera al Gobierno la inmediata publicación en el BOE del padrón de 1996, y vinculó el nuevo padrón con la financiación de la sanidad. El diputado de IU Pedro Antonio Ríos también vinculó el nuevo padrón a la financiación sanitaria e incluso a la de las autonomías. El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, sólo admitió, hace una semana, que el padrón afectaba a la financiación municipal.

Pedro Soto, en nombre del PP, mantuvo las mismas tesis que el Gobierno, esto es, la desvinculación de la financiación autonómica del padrón. Pero la oleada de intervenciones hizo temer al PP que podía quedarse aislado. Por ello, su responsable de Economía, Vicente Martínez Pujalte, aceptó una enmienda transaccional del PSOE que, además de pedir la urgente aprobación del padrón, la vinculaba con la financiación municipal y autonómica.

Soto interpretó ayer que el texto aprobado por todos los grupos, incluido el PP, "ni quita ni pone nada" y "no tiene consecuencias jurídicas" en la medida que "se limita a decir que se vinculará el padrón a la financiación autonómica sólo cuando proceda".