Los libros de texto luchan en España contra 6.000 millones de fotocopias ilegales al año

El ciudadano español hace fotocopias ilegales con la misma naturalidad con que aparca mal; es decir, a sabiendas. Pero lo más grave es que la Administración incurre, por acción u omisión, en la reproducción delictiva y es "la mayor incumplidora de la Ley de Propiedad Intelectual", advierte el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). Este organismo calcula que en España se hacen 6.000 millones de fotocopias ilegales al año, con lo que el sector del libro pierde 45.000 millones de pesetas, y periódicos y revistas casi mil millones.

Cedro inicia el martes una campaña en la Universidad sobre un problema que no sólo supone un robo a los autores, si o cuyas consecuencias se traducen por ejemplo en que, sin tanto fraude, los textos universitarios bajarían un 58,2%.Los editores, temerosos de que se les vaya a fotocopiar el producto, dejan de publicar unos 3.000 libros, sobre todo textos de investigación o especializados.

Está prohibido reproducir más de un 10% de cualquier publicación -manuales de ordenadores, partituras musicales- o hacer más de siete copias de una obra o fragmento, y en la Universidad, un número que sobrepase al de alumnos por clase. El artículo 152 de la Ley de Propiedad Intelectual permite obtener licencias para reproducir, pero a cambio de pagar una porcentaje que representa los derechos de autor.

"Negocios mafiosos"

"En España hay grandes negocios mafiosos que reproducen libros enteros y los venden con un beneficio altísimo", dice Miguel Mangada, presidente de Cedro. "Cuando se descubren almacenes enteros con ese material, o un señor paga sin rechistar 32 millones tras una sentencia judicial, te das cuenta de la dimensión del problema".Ése es el delito organizado, pero la desidia de la Administración plantea un ejemplo "vergonzoso y frustrante", dice Mangada. "Salvo la Junta de Andalucía, que cumple la ley, la Administración no :(nuestra sensibilidad. Opta por dar la callada por respuesta, niega que se hagan fotocopias o acaba escudándose en la falta de presupuesto. Falla incluso la Generalitat catalana, que ha demostrado respeto por el libro".

La dispersión autonómica complica las cosas. "Es una odisea llegar al verdadero responsable para contarle lo que hay; mejor dicho, son 17 odiseas", bromea amargamente Mangada. "Hay ejemplos descorazonadores: el Ministerio de Cultura, cuando aún no era también de Educación, tenía 52 bibliotecas y pagaba como se debe la licencia de uso por cada fotocopia; ahora te encuentras con que la titularidad de esas bibliotecas sigue siendo del ministerio, pero no la gestión, que está transferida a la comunidad autónoma".

Hablando de bibliotecas, la Nacional no paga la licencia. "Con los directivos de la Biblioteca nos llevamos estupendamente, pero estamos en un callejón sin salida, y sería triste tener que ir al juez", explica Mangada. "Al parecer, no tienen presupuesto para un estudio que deslinde lo que son fotocopias para investigación y fotocopias que tendrían que pagar derechos de autor. Hace un año, nos opusieron un dictamen de la Subdirección General de la Propiedad Intelectual que se basa en ese argumento de las fotocopias para investigación. Nosotros vamos a presentar otro dictamen, hecho desde luego por un despacho independiente, que contradice al suyo. Lo lógico sería un arbitra e de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero aduce que no tiene competencias".

El próximo martes, dos parejas de hermanos mellizos, elegidos para ello, empezarán a recorrer las universidades explicando los lemas de una campaña de Cedro (Si copiamos mal, nadie aprueba, Protege la creación) a los estudiantes, un sector usuario clave en la reprografía. "Existe la idea de que los estudiantes fotocopian porque la fotocopia es más barata que el libro", dice Mangada. "Pero si el libro es caro es precisamente porque se fotocopia ilegalmente. La fotocopia es un gran invento, pero no debe servir para perjudicar al generador de todo, es decir, al autor. Además, si las cosas se hicieran bien, en cada fotocopia se pagaban 20 céntimos por peseta, pero el dueño de la copistería podría subir una peseta en el precio, y eso a él le supondría beneficio y al usuario no le arruinaría".

Controlar el sector reprográfico parece -y más en esta era de adelantos informáticos- milagro descomunal. De hecho, Cedro, que representa a 2.825 autores y editores y que por ley

está autorizada para fijar un precio por reproducción que luego se distribuya a los interesados reconoce que, de las 4.600 empresas de fotocopias, sólo unas cien respetan el derecho de copia con el pago de tina licencia. Un convenio de 1996 entre Cedro y la Sociedad General de Autores y Editores faculta a la primera para disponer de la red de la segunda, 300 representantes que realizan labores de control.