Humanidades sin adoctrinamiento

CON Su plan de mejora de las humanidades, la ministra de Educación se ha metido en un nuevo avispero. Durante meses ha cultivado el lamento por el "empobrecimiento pavoroso" de los planes de estudio y el "asombroso arrinconamiento" de la enseñanza de la historia. El asunto es importante, y debería merecer mucho más que una disputa entre devociones patrióticas contrapuestas. Pero no es algo que pueda imponerse por decreto, sino que requiere una discusión serena y general para llegar a un acuerdo previo a su aplicación.Plantear diagnósticos feroces o enarbolar banderas retóricas no hace que cualquier papel etiquetado con la palabra humanidades sea benéfico por sí solo. El proyecto de Esperanza Aguirre de real decreto de contenidos mínimos de lengua y literatura y de geografía e historia no arregla lo que pretendía y a cambio, entra a saco en heridas autonómicas que parecían cicatrizadas. Propone pormenorizar los "índices de contenidos mínimos" de lengua y literatura y de geografía e historia en la educación secundaria obligatoria (ESO) para todo el país. Para empezar, es discutible la urgencia de modificar la ESO cuando acaba de echar a andar. El anterior Gobierno socialista elaboró unos índices sumamente genéricos que, en línea con el espíritu de la reforma, permitían a las comunidades y a los propios centros un notable margen de adaptación curricular. La alarma social que ha provocado la diversidad de programas resultante ha creado un caldo de cultivo idóneo para que, por encima de las críticas razonables, surjan voces reaccionarias en favor de una historia de España lindante con la verdad revelada, algo que ensambla mejor con la visión estalinista de la historia soviética que con una concepción liberal y plural de esta materia. El programa de Aguirre incluye una referencia al "carácter unitario de la trayectoria histórica de España, con sus diversidades lingüístico-culturales", lo que ha provocado un sarpullido entre los nacionalistas y ha. hecho recordar viejos tiempos a la oposición de izquierdas.

Nada es inocente, y menos la historia y la cultura. Un mismo hecho, contemplado desde diversas perspectivas, da pie a interpretaciones diferentes. La aceptación de la pluralidad de España parte de este reconocimiento; y si la enseñanza forma parte de las competencias de las comunidades autónomas es, precisamente, porque se acepta que los diferentes culturales de los ciudadanos españoles no tienen por qué ser idénticos. Pluralidad que afecta a los territorios, pero también al ideario de cada centro. El Ministerio de Educación debería limitarse a garantizar unos mínimos comunes para todo el país, y no atentar contra la autonomía, no sólo de las comunidades, sino de los propios enseñantes. Resultará, si no, que la única libertad que defiende esta ministra es la de precios, y no la de los libros.

Ahora bien, el reconocimiento de la pluralidad no debe llevar a confundir la enseñanza con el adoctrinamiento -afortunadamente, los tiempos de la formación del espíritu nacional han quedado atrás- ni el localismo. Ambos están contraindicados en la formación de niños que tendrán que vérselas con la globalización y el multiculturalismo que ha de prevalecer en el siglo XXI. Tampoco cabe silenciar a estos niños los muchos episodios vividos en común (ya sea en concordia o en enfrentamiento) por los distintos pueblos de España. Parece, por tanto, razonable que se garantice que los ciudadanos de cualquier lugar de España tengan, además de los referentes propios de su realidad cultural inmediata, una visión de conjunto de la historia de España y de las culturas hispánicas.

El proyecto de Aguirre agita las aguas en lugar de solucionar los problemas que pretende afrontar; Además, sin perjuicio de su irrelevancia humanística, potencia un desfasado modelo de enseñanza memorística (listas, fechas, nombres), en menoscabo del aprendizaje significativo (relaciones, interpretaciones, críticas). Y rezuma, una vez más, desconfianza en el profesorado.

Pero sobre todo ha venido a complicar el ya de por sí complejo panorama de las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado central. Cataluña -agravado su enfado desde el apoyo que CiU brinda a la estabilidad del Gobierno de Aznar-, el País Vasco, Andalucía y Canarias están dispuestos a poner toda la carne en el asador para. impedir que el proyecto de Aguirre invada sus competencias o les obligue a modificar sus normas curriculares. Inconscientemente, o llevada por el ansia de fijar en letras de molde el verdadero catálogo histórico de España, Aguirre -aunque ahora se muestre dispuesta a negociar- se ha adentrado en un territorio políticamente minado. Y, para colmo, lo ha hecho, como suele, sin avisar y dando un zapatazo.