Servicio público y de interés social

Esta frase figura en la Declaración conjunta en favor de la educación que recientemente han suscrito distintas organizaciones y que la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES) no ha firmado después de consultar al profesorado. El reconocimiento del "carácter básico de la educación como servicio público y de interés social, que integra tanto a la enseñanza pública como a la enseñanza concertada" ha sido uno de los tres elementos principales que han impedido nuestra firma, pese a haber trabajado por la mejora del pacto firmado.La enseñanza pública de calidad, gratuita, laica, no sexista..., para todos y todas y gestionada democráticamente, que distintas organizaciones llevamos defendiendo muchos años, no ha salido fortalecida con este pacto, aunque se pretenda conseguir el 6% del PIB para educación y defender el marco educativo que contempla la LOGSE.

Al contrario, al reconocerse el interés social de toda la enseñanza privada concertada, sin excepciones, límites ni objetivos a medio plazo por organizaciones, unas llamadas independientes y otras de izquierda, que nunca se habían pronunciado públicamente en esta línea, la enseñanza privada concertada y todas sus organizaciones -patronales, de padres y madres y sindicales- han resultado terriblemente fortalecidas

En la aplicación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, en la ampliación de conciertos educativos para el próximo curso, en la ampliación del número de becas para cursar el segundo ciclo de la educación infantil en colegios privados, en la dotación de los presupuestos necesarios para que los centros concertados se doten de departamentos de orientación..., iremos viendo en un futuro inmediato cómo la Administración, a la que se ha querido presentar intencionadamente como posicionada contra el pacto, va aplicando los apartados que más le interesen del mismo para favorecer a la enseñanza privada. La enseñanza pública, mientras tanto, seguirá con las mismas carencias que tiene en la actualidad.

Otro elemento que rechazamos es la reivindicación que se hace en el pacto de un nuevo complemento retributivo que estará vinculado "principalmente a la valoración de la práctica docente, a proyectos de innovación o al trabajo en equipo"; esto es aplicable como un complemento de productividad que, diga lo que diga la normativa, acabará siendo casi de libre asignación por la dirección del centro o/y por la Inspección.

El pacto posibilita la privatización de la FP, en absoluto aceptable para STES, y la capacidad de expedir títulos desde algunas organizaciones empresariales y sindicales; se dice que se consideran "los centros educativos como eje de la FP reglada" -de la continua y la ocupacional no se dice nada-, esto es, se podrá impartir fuera de los centros educativos y la expedición de títulos escapará al control, en su parte académica, de los centros; se podrá cambiar, en definitiva, trabajo por títulos.

El pacto supone, en definitiva, un intento desmovilizador de una comunidad educativa que ya demostró el curso pasado estar dispuesta a defender una enseñanza pública de calidad y que, los STES estamos seguros, seguirá defendiendo en el futuro más inmediato.